El juez federal Daniel Rafecas dispuso ayer la elevación a juicio oral de la causa por los sobornos en el Senado durante el gobierno de Fernando de la Rúa. De esta forma seis ex senadores, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes y el arrepentido Mario Pontaquarto se encaminan a ser juzgados en el primer gran proceso público por un caso de corrupción en el país. Para que la medida dispuesta ayer por el magistrado se concrete falta una resolución de la Cámara Federal.

Rafecas firmó el escrito con el que pasa el expediente a un tribunal oral luego de rechazar diferentes planteos de los acusados, que se habían opuesto al cierre de la instrucción que hizo el juez en agosto pasado. El fiscal Federico Delgado, el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido y la Oficina Anticorrupción, a cargo de Abel Fleitas, habían acompañado la medida del magistrado y presentaron sus escritos solicitando la realización del juicio oral. Pero las defensas formularon varios recursos para evitar que el caso llegara a esa instancia. De hecho, todos los involucrados menos el arrepentido Mario Pontaquarto se opusieron al cierre de la investigación. Esos planteos fueron contestados ayer por el juez, que ratificó que los nueve procesados están en condiciones de ser juzgados por los delitos de cohecho. Rafecas rechazó también once planteos de nulidades de los defensores.

Uno de los argumentos de los acusados para dilatar el proceso es el hecho de que el juez separó la causa en dos: en un tramo está la acusación contra los ex senadores Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Costanzo, Ricardo Branda, Emilio Cantarero y José Genoud, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes y el arrepentido Mario Pontaquarto. El otro corresponde al rol del ex presidente Fernando de la Rúa en la entrega de los sobornos a los senadores para la aprobación de la ley de Reforma Laboral. Rafecas indagó a De la Rúa y el próximo paso correspondería a su procesamiento.

El juez partió la causa en dos para agilizar los tiempos judiciales. Ahora, la Cámara Federal tiene que revisar esa decisión y expedirse sobre los rechazos de las nulidades que hizo ayer Rafecas. Si el tribunal confirma la actuación del juez, la causa llegaría pronto al juicio oral. Si revoca la separación del expediente, se anularían todos los pedidos de elevación a juicio hechos por los fiscales y la Oficina Anticorrupción. En este escenario, el caso correría riesgo de prescribir, al menos en lo que respecta a alguno de los acusados.

“Los argumentos expuestos por los señores defensores no revelan más que la persistencia de planteos defensistas harto debatidos merced a la ardua tarea impugnativa e invalidante que los letrados acometieron sin pausa a lo largo de todo el proceso y que, pese a su tenacidad, lejos de debilitar los lineamientos y hallazgos de la actividad instructoria, les han permitido salir robustecidos de los sucesivos exámenes jurisdiccionales”, señaló ayer Rafecas en su escrito. Luego de evaluar los argumentos de los acusados, el magistrado sigue convencido de que existe un “elevado grado de probabilidad” de que el pago y cobro de la coima se llevara a cabo, tal como surgió de la investigación y del relato del “arrepentido” ex secretario parlamentario. Y que “los puntos de discrepancia” que existen entre la acusación y la defensa deben esclarecidos en el juicio oral.

De esta forma, Rafecas ratificó su confianza en la versión que aportó Pontaquarto y que luego fue respaldada por otras pruebas obtenidas en el transcurso de la pesquisa, como el entrecruzamiento de llamadas telefónicas entre los acusados. El ex secretario parlamentario se presentó a la Justicia en diciembre de 2003 y aseguró que el 18 de abril de 2000 retiró de la SIDE 5 millones de pesos/dólares que repartió una semana después. Cuatro millones 300 mil pesos –dijo– fueron entregados al senador Cantarero en su departamento el 26 de abril por la noche. Los otros 700 mil los habría recibido al día siguiente Genoud en su despacho del Congreso. Cantarero había repartido la plata a otros legisladores que pasaron por su casa a retirarla después de la sesión en la que se aprobó la ley de Reforma Laboral. Pontaquarto agregó que Genoud le dijo que la mitad de lo que había recibido era para Flamarique.

El “arrepentido” fue durante toda la investigación el blanco de los acusados, que buscaron desprestigiarlo para invalidar su confesión. Ayer, Rafecas volvió a considerar esta situación: “El aporte de Pontaquarto a la Justicia no deja de evidenciar una paradoja, en cuanto por su propia decisión el confesante se ha colocado en el centro de la hipótesis acusatoria, con innegables proyecciones negativas sobre su vida. Esta inusual situación necesariamente reconoce sus orígenes en complejas motivaciones de su psiquis, y se muestra renuente a las explicaciones más simplistas, que pretenden exhibir a Pontaquarto como un rencoroso, un mero advenedizo deseoso de esta notoriedad un tanto censurable que ha adquirido en el presente, o un hábil calculador en búsqueda de su provecho personal (habría de considerárselo saciado con los únicos ‘logros’ tangibles obtenidos hasta el presente: el pago que recibió de una publicación periodística, y su posterior acogimiento a un régimen de testigo protegido)”.