La Suprema Corte de Justicia bonaerense levantó la medida cautelar que impedía la puesta en práctica de la Ley de Protección de los Derechos de la Infancia, aprobada por la Legislatura provincial en 2004. La suspensión de la implementación de la norma estaba basada en una supuesta “inviabilidad” de la administración provincial para ejucutar la norma. Con este aval de la Justicia, queda derogado formalmente el Régimen de Patronato, ley aprobada en 1919. La subsecretaria de Minoridad bonaerense, Cristina Tabolaro, afirmó que el Ejecutivo “comenzó a coordinar con unas 90 administraciones municipales” las acciones que prevé la ley, como la apertura de los Consejos Locales, que idearán planes de ayuda a los niños y definirán “cuadros de situación”. En la misma línea, el Ministerio de Desarrollo Humano estudia la apertura de “servicios sociales de transición”, que coordinarán el traspaso de los jueces de menores a los fueros especiales para niños. “Con este paso, los niños tendrán potestad sobre sus derechos y no será el Estado el que debe velar por ellos, como sucedía con la Ley de Patronato”, destacaron desde el gobierno provincial.