Los alumnos de las escuelas porteñas, públicas y privadas, contarán a partir de este año con un Programa de Educación Vial obligatorio, cuyo objetivo es promover “prácticas viales seguras y solidarias” y “transmitir valores de respeto por la vida y la convivencia”. Lo resolvió anoche la Legislatura porteña a través de la sanción de una ley que establece, además, la implementación de la Semana de la Educación Vial en los colegios, con participación de toda la comunidad escolar.

El proyecto sancionado ayer, aprobado por unanimidad por los 38 legisladores presentes en el recinto, fue presentado por los diputados macristas Mario Morando y Rodrigo Herrera Bravo, del ARI; Fernando Melillo y Pablo Failde, y Jorge San Martino, de Recrear. La iniciativa, que había contado con dictamen favorable de las comisiones de Educación y Tránsito y Transporte, apunta a la formación de los futuros conductores –y peatones– con el objetivo de reducir la cantidad de víctimas en accidentes de tránsito.

“El cansancio, el alcohol, la excesiva velocidad, la distracción y la imprudencia son los habituales causantes de accidentes, y todos estos factores de riesgo son claramente rectificables con educación”, dijo anoche el diputado Morando, uno de los promotores de la ley.

La norma establece que los contenidos curriculares mínimos deberán ser fijados por el Ministerio de Educación de la ciudad. Esa cartera deberá garantizar además “la capacitación docente, que debe ser gratuita y obligatoria para los educadores, y previa a la implementación de los desarrollos curriculares”. El Estado también deberá proveer a los docentes de “asistencia técnica y el material didáctico” necesario para desarrollar su tarea.

Con respecto a la implementación de la Semana de la Educación Vial, la norma establece que “cada unidad educativa establecerá las actividades a realizar, teniendo en cuenta la finalidad de incentivar la participación de toda la comunidad escolar”. Según trascendió en la Legislatura, la propuesta de implementar esta semana de actividades durante el transcurso de este año entusiasmó a la ministra de Educación de la ciudad, Ana María Clement. La reglamentación de la ley, un requisito para su aplicación, tiene un plazo máximo de 90 días a partir de la publicación en el Boletín Oficial.

“En nuestro país fallecen en accidentes de tránsito el equivalente semanal a la caída de dos aviones con 140 pasajeros cada uno. Sin embargo, nadie siente comparable riesgo cuando maneja un auto o cuando cruza una calle que cuando sube a un avión”, opinó Morando. “Con esta ley esperamos cambiar la falta de percepción del riesgo y mejorar las conductas de los ciudadanos desde su infancia”, concluyó.