Con los escombros todavía humeantes en la fábrica incendiada, fueron detenidos el dueño y un bioquímico de la planta de aerosoles que ardió el miércoles en Virrey del Pino, con un saldo de seis trabajadores muertos. Detenidos el mismo día del siniestro y tras pasar la noche en la comisaría, los dos acusados fueron trasladados a los tribunales de La Matanza, donde se negaron a declarar. Tanto el propietario, Norberto Zon, como el químico y farmacéutico Ariel Waisman están acusados de los delitos de homicidio culposo en concurso ideal con lesiones culposas. Fuentes de la Fiscalía N° 6 de La Matanza, que lleva adelante la investigación, confirmaron a este diario que las salidas de la fábrica estaban cerradas con candado al momento del incendio, lo que impidió un escape rápido de las personas que realizaban labores allí.

Varios testimonios recogidos por la fiscalía señalan que el incendio de la fábrica de Virrey del Pino se originó cuando un empleado entró con un cigarrillo prendido al sector donde se envasaban los aerosoles, lo que generó una explosión a partir de la que se propagó el fuego. La falta de medidas de seguridad, tanto en el edificio como para los empleados, se sumó luego para conformar el trágico final. La fábrica, ubicada en Amancay y Querandíes, se dedicaba a la producción de espuma para carnaval, insecticidas y desodorantes de ambiente. Ocupaba el 50 por ciento de la manzana y se había instalado hacía seis años en el predio.

Las fuentes de la UFI 6 remarcaron de todas formas que la manera en que se inició el fuego no influye a la hora de determinar las responsabilidades del propietario ni de los encargados de la planta. “No los exime de ninguna culpa, porque fueron ellos los que no cumplieron con su obligación de respetar las normas de seguridad y de instruir a sus empleados sobre las formas de llevar a cabo su labor con el menor margen posible para este tipo de accidentes”, señalaron.

El siniestro dejó como saldo, además, tres operarios heridos. Andrés Pereyra, el joven de 18 años que sufrió quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo durante el incendio, se encuentra en estado de “extrema gravedad, bajo asistencia respiratoria mecánica”, informaron desde la Clínica Santa Isabel, donde permanece internado desde la madrugada de ayer, tras ser trasladado desde el Hospital Paroissien.

Rubén Martínez, otro trabajador que también es atendido en ese centro privado de salud, “se encuentra estable en el sector de cuidados intensivos y manifiesta parámetros vitales dentro de la normalidad”, aseguraron los médicos. El herido restante, Darío Sueldo, tiene quemaduras en el 15 por ciento de su cuerpo y serias complicaciones en las vías respiratorias como consecuencia de la inhalación de humo, por lo que hasta ayer seguía internado en observación en el Hospital Zonal Kilómetro 32, de La Matanza.

En tanto, vecinos y familiares de los trabajadores fallecidos anunciaron que hoy a las 9.30 cortarán el tránsito sobre la ruta 3, a la altura del kilómetro 42, para reclamar “justicia” y exigir que la planta “no se vuelva a abrir”. “Creemos que si hoy tenemos seis vecinos muertos es por responsabilidad directa del intendente de La Matanza (Fernando), Espinosa”, denunciaron en la convocatoria a la protesta. Eran las mismas voces que, cuando el miércoles los bomberos todavía trabajaban, marcaban que “hizo falta que se murieran seis personas para que nos escuchen decir cómo se trabaja y cómo se vive aquí, en La Matanza”, como informó ayer Página/12.

Al respecto, el mismo día en que ardió la planta ya los Ejecutivos municipal y bonaerense habían comenzado una polémica en la que cada uno deslindaba responsabilidades en el otro por el irregular funcionamiento de la planta de aerosoles. Mientras el subsecretario de Gobierno de La Matanza había afirmado que “era el gobierno provincial el que debía controlar”, porque “era una industria que podía afectar el medio ambiente”, la secretaria de Política Ambiental bonaerense había sostenido que “lo que ocurrió no fue un problema ambiental”, sino “un accidente laboral”.

En ese sentido, las investigaciones apuntan hacia las dos esferas gubernamentales, porque las habilitaciones para este tipo de industrias se tramitarían primero a nivel comunal y luego serían derivadas a la administración provincial para que las ratifique. Es decir, las responsabilidades por la falta de controles serían compartidas.

El ministro de Trabajo bonaerense, Roberto Mouillerón, informó que la empresa Aerosoles Argentinos tiene registrados “once empleados y un encargado” en una empresa de Accidentes de Riesgo del Trabajo (ART), la misma cantidad de trabajadores que, según el testimonio de un operario, se desempeñaba en el lugar.

El Juzgado de Garantías N° 1 de La Matanza, a cargo del juez Marcelo Dau, es el que lleva adelante la causa, que el fiscal Sergio Carrera Fernández caratuló como homicidio culposo en concurso ideal con lesiones culposas, ambos ilícitos agravados por la multiplicidad de víctimas fatales.