Guatemala es uno de los países más pobres y, pequeños del continente y además, tiene un gobierno de derecha. Sin embargo, a pesar de ese contexto desfavorable, ha logrado desarrollar un programa modelo que “humaniza” la atención de las mujeres que llegan a los hospitales con abortos en curso, muchas veces provocados ante un embarazo no deseado. Su impulsor, el obstetra y ginecólogo Edgar Kestler, director del Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Sexual y Reproductiva de ese país, conversó con Página/12 y describió los alcances de la iniciativa, las resistencias que encontraron para implementarlo y cómo consiguieron superarlas. La experiencia podría replicarse aquí, donde ingresan alrededor de 80 mil pacientes al año en el sector público con abortos incompletos, y en muchos casos deben soportar una atención cargada de prejuicios, comentarios sexistas y hasta malos tratos. “Es un modelo que debería aplicarse en cualquier sistema de salud de Latinoamérica. Es un derecho de las mujeres. Hay que ver al aborto como un problema de salud pública: es un problema que está matando mujeres”, destacó el especialista guatemalteco, durante un viaje a la Argentina.

Kestler participó días atrás de la XX Reunión Bienal de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Reproducción Humana, que tuvo lugar en Buenos Aires. En ese marco, presentó el programa de atención posaborto (APA) que ya lleva cuatro años en Guatemala. APA es, como se conoce en el ámbito médico la asistencia que se les debe brindar a las mujeres que llegan a hospitales tras la interrupción de un embarazo, muchas veces voluntaria, provocada con objetos (como agujas o tallos de perejil) o a través de medicación.

La experiencia guatemalteca empezó en 22 hospitales públicos: hoy ya funciona en los 36 hospitales que existen en todo el país centroamericano. Kestler dirige un centro de investigaciones que está dentro de la órbita del Ministerio de Salud de Guatemala.

En la Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación editó hace un año y medio unas guías para la atención posaborto en hospitales públicos. Se distribuyeron entre profesionales pero todavía no hubo un compromiso oficial para exigir su cumplimiento. Salvo algunas experiencias de capacitación de médicos, no se avanzó más. En algunos hospitales, como en el Alvarez de la ciudad de Buenos Aires, a partir de la iniciativa individual de algunos profesionales se está llevando adelante una atención humanizada de las pacientes con cuadros de abortos incompletos, similar a la que se destaca en Guatemala. Pero no dejan de ser proyectos aislados, en un país donde se estima que hay alrededor de medio millón de abortos al año y es la principal causa de muerte materna.

La problemática del aborto en Guatemala es menor que en la Argentina: sin embargo, se han adelantado un paso para evitar que explote. Allí se producen, según cálculos oficiales, 65 mil abortos al año. La cifra podría tener un subregistro. Significa una tasa de 24 abortos cada 1000 mujeres de 10 a 49 años. “Es una tasa baja. Lo que sucede es que la mitad de la población del país –que en total es de 13 millones de habitantes– es indígena y en esas poblaciones todavía las mujeres tienen muchos hijos, seis o siete cada una. Pero las encuestas de salud nos están mostrando que cada vez están queriendo tener menos hijos. El punto aquí importante es –-y eso debe estar pasando aquí en Argentina– que la mujer que ya no quiere tener hijos y no tiene el acceso a los métodos de planificación familiar se ve empujada a recurrir a un aborto. Utiliza el aborto como un método de planificación familiar. Por eso es que estos programas de atención posaborto despiertan el interés de fortalecer los planes de planificación familiar a nivel nacional, no sólo posaborto sino posparto, poscesárea. Todavía la planificación familiar es un tema difícil en América latina. En Guatemala hace apenas cinco años se oficializó la ley de acceso a la anticoncepción”, describió el especialista guatemalteco.

En la Argentina hace menos tiempo: recién en 2003 se puso en marcha un programa nacional de salud sexual y reproductiva, por el cual se distribuyen anticonceptivos a todas las provincias para que los pongan al alcance de toda la población.

–¿Cómo llegaron a poner en marcha el programa de APA?

–Empezamos a trabajar en el tema hace diez años. La primera justificación es que hay que ver al aborto como un problema de salud pública: es un problema que está matando mujeres. En Guatemala el aborto está penalizado siempre, salvo para salvar la vida de la mujer. Pero ni siquiera en esos casos se practica en el sector público. La segunda justificación del programa es la estigmatización que sufría una mujer que tenía un aborto al llegar a un servicio de obstetricia. Lo primero que piensa el personal de salud es que se hizo algo ella en su casa para interrumpir el embarazo. Pero hay mujeres que sufren abortos espontáneamente. Esas mujeres, unas y otras, eran maltratadas en los hospitales. Así nace el concepto de atención posaborto: se trata de humanizar la atención, de decir: “A mí no me importa qué pasó de las puertas del hospital para afuera. Lo que tengo que entender como servicio de salud es que tengo que brindarle ayuda.”

–¿Cómo empezaron a trabajar para cambiar esa forma de atención a la mujer con un aborto en curso tan arraigada en los hospitales?

–Empezamos con capacitación. Hay que enseñarle desde el portero, la enfermera, al médico, que esa mujer está solicitando ayuda porque llega con una hemorragia. En el pasado, lo que hacían los hospitales era dejarlas en un rincón, en las guardias o en un piso, y atenderlas en última instancia, después de hacer las cesáreas y los partos. Con el programa de atención humanizada le planteamos al personal que puede resolver el problema en menos tiempo.

–¿En qué consiste el programa APA?

–Tiene tres pilares: tratamiento oportuno, acompañamiento de las mujeres y anticoncepción posaborto antes del egreso hospitalario. En lugar del tradicional legrado para terminar el aborto, se utiliza la aspiración manual endouterina (conocida por la sigla AMEU). Se hace con anestesia local y a las dos horas la mujer se puede ir a su casa. Es fundamental no dejarla ir sin recibir consejería y un método anticonceptivo efectivo, para romper la cadena de abortos. Las enfermeras son clave en la consejería.

En la mayoría de los hospitales argentinos todavía se realiza el tradicional legrado para las pacientes que han tenido un aborto. Implica anestesia total y entre uno o dos días de internación.

Kestler señala que en la extensión del programa de APA a todos los hospitales del país fue fundamental la presión que ejercieron grupos de mujeres al conocer los buenos resultados de la experiencia. “Lo más importante en esto es que los ministerios de Salud deben entender que es un problema de derechos. Al analizar la situación en los diversos países de América latina se observa que no se han implementado estrategias específicas para esta problemática. Hay que encontrar un líder en los ministerios de Salud que se concientice de los beneficios que trae este programa a las mujeres”, sostiene el médico obstetra, ginecólogo y epidemiólogo.

–¿Tuvieron resistencias para avanzar con el programa?

–Todavía hay resistencias. Diría que el grupo médico es muy difícil. Desgraciadamente los propios ginecólogos –yo lo soy– son los más resistentes, porque se trata de romper con un paradigma, una enseñanza de la obstetricia tradicional que les transmitió que para atender a una mujer con un aborto incompleto había que dormirla, usar la legra, que es rígida, y ahora tienen que usar una jeringa descartable que succiona. Ese cambio, dejar algo viejo para usar algo nuevo, es muy difícil para el ser humano.

–Y la Iglesia Católica, ¿qué actitud tomó frente al programa APA?

–Nunca tuvimos una resistencia frontal por parte de la Iglesia Católica. Sin embargo sí existen grupos de derecha vinculados con la Iglesia Católica, que relacionan la AMEU con la introducción de la legalización del aborto, dado que en otros países donde es legal se usa esa misma jeringa en las clínicas que se dedican a realizar interrupciones voluntarias de embarazos.

El primer paso después de empezar a capacitar al personal de los hospitales fue crear en cada uno lo que bautizaron como equipos APA, formado no sólo por una enfermera y un médico, sino también por gente de archivo y estadística para ir monitoreando los datos del programa. A los hospitales, además, se les proveyó equipos para realizar AMEU.

–¿Qué cambió con el programa APA en sus cuatro años de funcionamiento?

–Hacemos encuestas a las mujeres fuera de los hospitales, para que no se sientan presionadas. Los conceptos de calidad para nuestras mujeres son muy bajos porque como la gente no tiene mucho, el comer, el tener una cama, es un concepto de calidad muy alto. Les hacemos preguntas sobre el programa APA, puntualmente si recomendarían a una familiar que sufriera un aborto ir a atenderse al hospital. La mayoría, en una proporción muy alta, dice que sí. También hemos confirmado que se está dando la planificación familiar. Hace tres años se le daba anticonceptivos sólo al 20 por ciento, hoy ya se van con un método casi el 70 por ciento. Pero también hemos identificado algunas brechas en cuanto al mensaje que el personal está dando. Muchas mujeres no lo comprenden. Hay un concepto en APA básico que es que una mujer debe entender que a los 15 días de haber tenido un aborto va a estar ovulando. En nuestro medio, la mujer se confunde con lo que ocurre después de un parto, en que la ovulación ocurre a los 40 días. Cuanto antes ocurre el aborto, antes va a ovular, y la mujer está en riesgo de volver a quedar embarazada. Este concepto lo tenemos que reafirmar en los hospitales.

Para darle difusión al programa, una semana al año en el lobby de cada hospital se lo promociona con afiches y folletería para que lo conozcan quienes van a los consultorios externos o a pediatría. Eso ocurrió hace unas semanas, cuando los 36 hospitales de Guatemala pusieron en primer plano la APA, para que las mujeres sepan que serán tratadas como se merecen si tienen que enfrentar un aborto.

–Llega un momento en que cuando el programa está instituido en todos los hospitales y los directores y las enfermeras ven las ventajas de su funcionamiento, se van apropiando del programa. Es un modelo que debería aplicarse en cualquier sistema de salud de Latinoamérica. Nuestro próximo paso es sacar al programa de los hospitales y llevarlo a los centros de salud, que es donde es ideal este procedimiento.

–¿Pensó en algún momento que sería difícil llevar adelante este proyecto con un gobierno de derecha?

–Debo confesar que he tenido mucho miedo porque no sabía qué iba a pasar. Pero cuando empoderas a todo el sistema de salud y el personal lo ve como algo propio de sus hospitales, ellos mismos dicen: “No me lo van a quitar, si es en beneficio de la mujer”. En el gobierno también se convencieron de sus beneficios.