“Aplicar la ‘mano dura’ no ha sido la idea. Sólo queremos ponernos firmes en el combate con la delincuencia organizada, con los chicos que matan sin ningún código de convivencia, pero todo va a ser en el marco de la ley.” Tras una semana de desencuentros, en la que resultó imposible tener un diálogo con él, ayer Página/12 pudo entrevistar al ministro de Seguridad de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien confirmó que habían convenido con los abogados Gustavo Palmieri y Rodrigo Borda, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en dar marcha atrás con una parte esencial de un proyecto de reforma por el cual se iban a limitar en forma drástica las excarcelaciones en la provincia, de manera similar a lo sucedido en Buenos Aires durante el gobierno de Carlos Ruckauf. “Está claro que el gobernador (Julio) Cobos no es un hombre de derecha y todos saben que yo tampoco lo soy. La política, respecto de la reestructuración policial, no se ha movido un ápice de la desactivación de la vieja escuela de policía y de la creación del Instituto Universitario. No hay ninguna intención de volver atrás en esas cuestiones”, insistió Cornejo, en alusión a las reformas producidas hace unos años para cambiar la imagen de una fuerza responsable de casos de “gatillo fácil” y torturas.

El ministro respondió a la nota publicada el domingo por este diario, donde se citaba la presencia de represores de la dictadura en las agencias privadas convocadas por el gobierno para sumarse a las tareas de seguridad pública. “Sólo hay dos casos: el de un policía exonerado (que estuvo implicado en el asesinato del joven Sebastián Bordón, en 1997) y el de (Fernando) Morellatto Donna (acusado de dos desapariciones ocurridas durante la dictadura militar), pero ninguno de ellos está al frente de ninguna de las agencias de seguridad privadas”. Cornejo admitió que salió en una foto, al lado de Morellatto, tras la firma del convenio. “Me dio la mano porque es empleado de una de las agencias, pero yo no lo conocía y la foto fue usada de mala fe. Por poco la publican en el París Match”, ironizó el ministro, en alusión a la repercusión del tema.

La entrevista con Cornejo fue luego de una jornada durante la cual, tras reunirse con los abogados del CELS, el Poder Ejecutivo y la Cámara de Senadores de Mendoza resolvieron desandar el camino que parecía llevar a la pronta sanción de una ley que limitaba las excarcelaciones. La norma introducía modificaciones en el artículo 284 y rechazaba la posibilidad de excarcelar a los que al cometer un robo “se hubieran servido de un menor de 16 años, hubieran hecho uso de armas o si los jueces interpretaban que el imputado tuviera la intención de continuar con su actividad delictiva”, explicó el propio ministro de Seguridad.

Lo que se decidió ayer es que el proyecto sea enviado, para su revisión, a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Los abogados del CELS Gustavo Palmieri y Rodrigo Borda destacaron “la importancia de la decisión de los legisladores de revisar una reforma que resultaba contraria a la Constitución provincial y nacional, que contenía serias regresiones en materia de protección de derechos y que, según experiencias similares en otras provincias, era ineficaz para resolver los problemas de seguridad”.

Palmieri, director del Programa de Violencia y Seguridad Ciudadana del CELS, sostuvo que el proyecto “implicaba un desconocimiento de las obligaciones que asumieron el gobierno provincial y nacional frente a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso en el que se investiga la situación en las cárceles de Mendoza”. Los abogados del CELS también se reunieron con el gobernador Cobos, el ministro de Gobierno, Sergio Marinelli, y con los miembros del Superior Tribunal de Justicia. El organismo seguirá ahora el tratamiento del nuevo proyecto “para procurar que se adecue a los estándares nacionales e internacionales en lo relacionado con los derechos humanos”.

Cornejo confirmó que el proyecto “fue suspendido” y estimó que el paso atrás es definitivo: “No lo sacaríamos”, dijo. El funcionario se quejó por la repercusión periodística que tuvo la iniciativa. “Acá se tomó una foto de lo que dijo el gobernador Cobos el 1º de mayo (ante la Asamblea Legislativa) y después se armó una película.” Opinó que se tomó una frase del gobernador (“hay que trabajar en la prevención del delito, así sea poniendo límites a los derechos”), sin tener en cuenta otros párrafos “como cuando habló de la importancia del guardapolvo, de las escuelas, de los chicos que están detenidos y hoy pueden terminar el secundario”. Según Cornejo, “no se tuvo en cuenta que el balance de estos tres años en el gobierno debería decir que la prioridad fue la inclusión social”.

“De todos modos –advirtió–, hay que decir que eso no alcanzó para que bajen sustantivamente los robos y hurtos, aunque sí se han bajado los homicidios casi en un 40 por ciento.” Recordó que la mendocina es “una sociedad conservadora, que mantiene una demanda de seguridad bastante fuerte y si bien hay sectores que piden ‘mano dura’, no fue el gobierno”. Sobre la situación en las cárceles, aseguró que se inauguraron “1900 plazas nuevas, mientras que el presidente (Néstor) Kirchner, en su último informe ante el Congreso, sólo pudo mencionar que hay 2800 plazas nuevas en las cárceles federales de todo el país”. Cornejo pronosticó que “después de los ’90 va a ser muy difícil, en el corto plazo, construir una sociedad mucho más armónica. Lo único que buscamos es combatir el delito, pero dentro del Estado de derecho”.