El proyecto no lleva ni dos meses desde que su autora, Adriana Bortolozzi de Bogado, lo presentó en la mesa de entradas. El impacto de la iniciativa excede largamente sus tres artículos. En su punto principal propone eliminar la figura del obispado castrense y los demás rangos religiosos que desempeñan funciones en las Fuerzas Armadas y de seguridad. Una propuesta que en otro contexto no hubiera llamado la atención, luego de que se conociera que el Vaticano le aceptó la renuncia al obispo castrense Antonio Baseotto comenzó a ser mirado con otros ojos.

Integrante del bloque oficialista, Bortolozzi de Bogado, esposa del vicegobernador de Formosa, Floro Bogado, es una outsider dentro de su bancada. Su condición de líbero quedó reflejada en más de una sesión legislativa. Girada únicamente a la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside el santafesino Carlos Reutemann, la propuesta no fue tratada y no figura en la agenda de temas urgentes. Claro que en un año electoral, las urgencias son otras. “La Rosada no emitió ninguna señal”, comentó un miembro de la bancada mayoritaria cuando este diario preguntó por la viabilidad de la iniciativa.

El primero de los artículos propone dar por terminado el acuerdo firmado por el Estado y el Vaticano en 1957. Reglamentado en tiempos de la Revolución Libertadora y modificado posteriormente con un decreto de Carlos Menem, el acuerdo establecía la jurisdicción castrense sobre las Fuerzas Armadas. El segundo artículo elimina la figura del obispo castrense, auxiliar, capellanes y sacerdotes militares. El tercer punto garantiza a los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad la “libertad para elegir, practicar y profesar su culto religioso”.

En sus fundamentos, la senadora formoseña repasa el papel religioso que la Iglesia mostró en más de una misión militar, campañas o cruzadas. Luego de ese racconto histórico, sostiene que muchos de los fundamentos que dieron origen a la figura del vicariato castrense han quedado en el pasado. En palabras de Bortolozzi de Bogado, “esta realidad parece anacrónica en el contexto jurídico actual”.

La legisladora concluye que la derogación de la figura del obispado castrense y demás estructuras religiosas, es “un avance en el proceso de laicización del Estado y sus instituciones, de acuerdo con los principios rectores de la última reforma constitucional”. También destacó que de esta manera “se garantiza la libertad religiosa y el albedrío espiritual para que todos los empleados de las Fuerzas Armadas y de seguridad, por el solo hecho de que tengan que cumplir disposiciones superiores, no sean obligados directa o indirectamente a participar de ceremonias o cultos con los que no comulgan”.