Un día después de la detención de cinco legisladores y de 15 dirigentes oficialistas, Alvaro Uribe se enfrentó a un nuevo escándalo que le costó la cabeza a casi toda la cúpula policial. La institución quedó en la mira del gobierno después de que una revista difundiera una serie de escuchas telefónicas en las que se demostraba que algunos jefes paramilitares seguían traficando drogas y ordenando asesinatos desde la cárcel. “Infortunadamente, se pudo comprobar que quienes realizaron las grabaciones y la filtración fueron personas de la Dirección de Inteligencia de la Policía”, aseguró el ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos. Pero para la oposición esta purga no explica el sistema de escuchas ilegales, que estaría en funcionamiento por lo menos hace dos años. “El propio Uribe reconoció hace unas semanas que los servicios de inteligencia estaban vigilando a dirigentes opositores”, recordó el senador del Polo Democrático Alternativo (PDA), Gustavo Petro.

La historia de las escuchas telefónicas no comenzó con la publicación de la revista Semana el domingo pasado. A mitad de abril, el senador Petro abría un debate en el Congreso para exponer los supuestos favoritismos que había tenido Uribe con los paramilitares cuando éste era gobernador del estado de Antioquia. La imagen de importantes líderes paras en la finca del ahora presidente provocó una tormenta política que llegó hasta las costas estadounidenses. Al día siguiente, el ex vicepresidente Al Gore decidió suspender su viaje a Bogotá y el Capitolio bloqueó la aprobación de fondos militares y del Tratado de Libre Comercio. Uribe había enfrentado cuestionamientos del exterior antes, pero nunca habían puesto en peligro su alianza con la Casa Blanca. Por eso, esa misma noche convocó a una conferencia de prensa, en la que negó cualquier cercanía con los paramilitares y dijo tener información de la inteligencia militar y policial sobre dirigentes opositores que hacían campaña en contra de su gobierno en Estados Unidos.

Pero en aquel momento nada pasó. “Es una situación bastante paradójica, porque parece ser más grave que hagan seguimiento a los jefes paramilitares que a los miembros de la oposición”, cuestionó el líder del Partido Liberal en el Senado, Luis Fernando Cristo. El gobierno no dio muchas explicaciones y simplemente declaró que no sabía de las escuchas y que las declaraciones del presidente habían sido mal interpretadas. Para Fernando Giraldo, decano de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Javeriana de Bogotá, es improbable que Uribe hubiese quedado fuera de una operación de inteligencia que, según el gobierno, alcanzó a dirigentes opositores, oficialistas, periodistas y paramilitares. “Las máximas autoridades del servicio secreto, de la fiscalía nacional y de la policía se vieron infiltrados o influidos por los paramilitares en los últimos años”, recordó. “No podemos pensar que son eventos aislados, que casualmente llegaron a involucrar a altos directivos”, agregó.

Lo cierto es que la reacción de ayer del gobierno colombiano dejó más preguntas que respuestas. “¿Qué es lo que incomodó más al presidente? ¿La ilegalidad de esas intervenciones telefónicas o que él no sabía que también se lo estaban haciendo a los paramilitares? ¿O quizá que las escuchas fueran reveladas por los medios de comunicación?”, se preguntó Giraldo. Para el senador Petro, la filtración de las llamadas telefónicas de los jefes paramilitares fue un mensaje de un sector de la policía, que quiere evitar que los ahora desmovilizados digan toda la verdad, especialmente sobre los supuestos vínculos que habrían mantenido la policía, los militares y los políticos con el narcotráfico y los paras. Por ahora, cada sector tiene su versión y ninguna se puede probar. Pero Uribe sabe que ante el exterior, especialmente Washington, el único responsable es él.