Siguiendo el estilo vaticano, la renuncia del obispo castrense Antonio Baseotto fue aceptada ayer cuando nadie tenía la mirada puesta en esa situación. De esta manera, el Vaticano y la jerarquía católica argentina volvieron a enviar un mensaje: las decisiones referidas a la Iglesia se toman en el ámbito eclesiástico. Si bien gran parte de los obispos coincidían con el Gobierno en el sentido de que, en su momento, dos años atrás, las declaraciones de Baseotto en contra del ministro Ginés González García estuvieron fuera de lugar, casi la misma irritación que le produjo el hecho al Gobierno le generó a los obispos la decisión adoptada por el presidente Néstor Kirchner de desconocer al castrense.

Comenzó allí una pulseada que pasó más por los gestos que por las palabras. La Iglesia guardó silencio frente a la decisión oficial, pero decidió imponer su propia metodología para la remoción del obispo castrense. Se esperó a que el propio Baseotto presentara su renuncia al cumplir los 75 años. La dimisión podría haber sido aceptada de inmediato. Es lo que el Gobierno habría esperado. Esto no ocurrió, pero tampoco se le extendió en demasía el mandato al castrense: el retiro efectivo llegó apenas cuarenta días después de la fecha límite.

Al margen de estas consideraciones y de las pulseadas políticas detrás del caso, con Baseotto retirado el camino se allana para dar los pasos que siguen en búsqueda de un sucesor. Y así como la Iglesia utilizó sus tiempos para llegar hasta la separación de Baseotto de su cargo, no sería extraño que el Gobierno ahora utilice el mismo mecanismo para dar su acuerdo –en los plazos que considere oportuno– a la terna propuesta por la Iglesia. Sería una forma de pagar con la misma moneda la maniobra política del Vaticano. Los candidatos a ocupar el obispado castrense son los obispos Carlos Malfa (Chascomús), Carlos Franzini (Rafaela) y Rubén Frassia (Avellaneda-Lanús). Si el Gobierno da su acuerdo a estos nombres, el que cuenta con más chances es Malfa, pero será la Santa Sede la que finalmente decida. Sin embargo, este nombramiento es sólo un capítulo de una discusión más amplia entre la Iglesia y el Gobierno. En la Casa Rosada existe la firma voluntad de cuestionar la institución misma del obispado castrense y de los capellanes militares. En la Iglesia local hay disposición para comenzar un proceso de negociación en la materia, pero esto requerirá la revisión de los tratados internacionales que regulan la relación entre Argentina y el Vaticano. Será un largo proceso que todavía no comienza.