El gobierno porteño ratificó el aumento de casi el 20 por ciento en la tarifa del taxi, lo que llevará la bajada de bandera de 2,60 a 3,10 y la ficha de 26 a 31 centavos. El objetivo del incremento, que entraría en vigencia en octubre, es “recuperar la rentabilidad de la actividad y mejorar la situación de los taxistas”. La medida fue confirmada ayer en el marco de la audiencia pública no vinculante, impulsada por el Ente Regulador de Servicios Públicos. Aunque los empresarios del sector reclamaban incrementos mayores, se mostraron conformes con la disposición.

En la apertura de las deliberaciones, que tuvieron lugar en el Teatro Sarmiento, Carlos Campolongo, titular del ente de control, aseguró que “en términos generales se entendió que existe una cierta razonabilidad en la demanda de los taxistas, no obstante la pregunta es si, por el nivel que está alcanzando la tarifa, se puede seguir considerando al taxi como un servicio público”.

Pese al consenso general entre el gobierno y los taxistas, el sector empresarial dejó sus observaciones. Para algunas entidades de propietarios de taxis, “el retraso tarifario no se resolverá con este aumento, mientras que para otros, los más optimistas, “es un paliativo que los va a dejar en mejor situación que antes, nada más”. Se trata del segundo aumento que beneficia al gremio y, según fuentes del ente, “son el servicio público que recibió mayor incremento en los últimos años”.

Jorge Celia, presidente de la Sociedad de Propietarios de Automóviles de taxis (SPAT), dijo que “esta medida debería aplicarse en septiembre como máximo”, al tiempo que aseguró que la asociación reclamaba un incremento del 23 por ciento. El gremialista dijo que “no se debe olvidar que este servicio público no recibe ningún tipo de incentivo por parte del Estado, así que no corresponde compararlo con otros medios de transporte que gozan de ese tipo de beneficios”.

En el mismo grupo poco optimista se plantó José Ibarra, secretario general del Sindicato de conductores de taxis, que agrupa a los titulares de licencias: “El aumento ya está acordado y no alcanzará para cubrir un retraso tarifario de arrastre”, se quejó. “Ya había un retraso tarifario a mayo de 2006 del 46 por ciento y nos dieron un aumento del 9 en agosto de 2006 y otro 9 en enero de 2007. Ahora nos dan menos del 20, cuando a febrero de 2007 ya veníamos con un retraso de 26 por ciento”, precisó Ibarra.

La fecha de aplicación del incremento generó otra polémica entre el Gobierno porteño y el ente regulador. Para el gobierno “habrá que esperar el decreto que fije la nueva tarifa una vez que el ente emita el informe, que se reúna la información presentada en la audiencia, en no menos de 20 días más”. Por su parte, Campolongo aclaró que la decisión es del Ejecutivo, porque el ente sólo elabora un informe y las conclusiones y se las remite al gobierno para se aplique efectivamente el aumento.