Un efectivo que en los documentos oficiales de detención ponía sus huellas digitales en lugar de las de los delincuentes, otros dos acusados de simular la detención de un grupo de ladrones para luego liberarlos, y otro par imputado de pedir una coima a un hombrecon antecedentes para no “armarle una causa” son algunos de los 105 integrantes de la Bonaerense exonerados por orden del ministro de Seguridad León Arslanian.

La sanción aplicada es “la más severa de las contenidas en el régimen disciplinario policial” e “implica la separación definitiva de la fuerza, la pérdida de todos los beneficios inherentes al cargo, y un obstáculo casi insalvable para volver a desempeñarse en cargos públicos”, explicaron desde el Ministerio de Seguridad provincial, que decidió la medida, según señaló en un comunicado, después de investigaciones de Asuntos Internos.

Uno de los despedidos fue el oficial Sergio Veliz, que “insertó sus propias huellas (digitales) en formularios oficiales”, que se completan cuando se demora o encierra a sospechosos, “en lugar de las de dos personas demoradas por infracción a la ley de estupefacientes”. El episodio en cuestión ocurrió cuando cumplía funciones en la DDI de San Martín, en enero de este año.

Otro de los casos llamativos de la lista de exoneraciones es el del sargento Ramón Balbuena y el oficial Jonathan Pérez, que en González Catán simularon ante los vecinos que detenían a dos jóvenes que llevaban grandes bolsas con diversos aparatos electrónicos robados, pero jamás formalizaron actuaciones, no informaron sobre los sucesos, ni tampoco dijeron nada sobre el destino de los objetos ni de los ladrones.

Cuando la víctima del robo se presentó en la comisaría en busca de su filmadora, DVD y dinero, y le informaron que ningún móvil policial había reportado novedades al respecto, todo quedó al descubierto.

Otro de los hechos que sobresalen entre los sancionados por el Ministerio de Seguridad es el que provocó las exoneraciones del teniente primero Alejandro Javier Ferreira y del subteniente Luis Ramón Enríquez, acusados de exigirle a una persona con antecedentes penales una coima de seis mil pesos a cambio de no “armarle una causa penal”. Los efectivos habían sostenido que el hombre había robado un camión. Y al tipo le exigieron, además del pago de la coima en efectivo, las armas que había usado en el supuesto robo. El episodio ocurrió en abril pasado en La Matanza.