Ante la posibilidad de que la Corte Suprema falle a favor de que el ex subcomisario Luis Patti asuma como diputado, inspirada en los argumentos que aplicó al represor Antonio Bussi, el Gobierno prepara un posible contraataque. Analiza, para eso, la conveniencia de hacer un poco de ruido afuera del país y pedir una “opinión consultiva” sobre el tema a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un borrador en estudio en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, al que accedió Página/12, advierte que forma parte de la responsabilidad del Estado frente al derecho internacional evitar que alguien asuma un cargo público o electivo cuando existan “motivos fundados” que muestran su participación en “serias violaciones a los derechos humanos”. Un eventual pronunciamiento del más alto tribunal de la región no sería vinculante, pero tendría fuerte peso como mensaje político.

Los pedidos de “opinión consultiva” a la Corte Interamericana se suelen hacer frente a dudas o discusiones sobre la aplicación de la Convención Americana, que Argentina suscribe, u otros tratados destinados a la protección de los derechos humanos. En este caso sería síntoma de un conflicto de poderes en ciernes. La idea de recurrir a ese tribunal surgió de diputados y algunos funcionarios después del fallo de la Corte Suprema que el mes pasado, en una causa sobre la banca del represor Antonio Bussi, dijo que el Congreso no tiene facultades para impedir la jura de un legislador electo. El oficialismo busca la forma no sólo de mostrar su disgusto, sino de ejercer resistencia.

La preocupación no es Bussi, cuyo mandato venció, sino Patti. El ex subcomisario se había postulado para el período 2005-2009 pero la Cámara de Diputados le negó el ingreso, por iniciativa del oficialismo, por su participación en crímenes de lesa humanidad. Desde entonces libra su propia batalla judicial y si la Corte le diera la razón podría jugarse a reclamar el tiempo que le quede de mandato, lo que por añadidura desataría otro conflicto porque en su lugar ya asumió Dante Camaño. En el tribunal, hasta antes de las vacaciones de invierno los jueces se hacían los distraídos con la excusa de que todavía no les había llegado el expediente. Pero un dictamen de la Procuración que se conoció la semana pasada amaga con acelerar los tiempos: el procurador fiscal Luis González Warcalde le propuso al máximo tribunal que repita para el ex subcomisario los fundamentos que usó para Bussi. “La Cámara de Diputados ha excedido su potestad constitucional”, sostuvo el funcionario judicial.

Este escenario redoblaría la posibilidad de un planteo internacional del Poder Ejecutivo. Sería, además, una carta de refuerzo y respaldo a un grupo de diputados kirchneristas, entre los que se anotan Miguel Bonasso, Remo Carlotto, Diana Conti, Araceli Méndez de Ferreyra y Patricia Vaca Narvaja, que prometen resistir la menor posibilidad de que el ex intendente de Escobar pise el Parlamento. Este grupo, a su vez, viene fogoneando la consulta ante la Corte Interamericana.

En ámbitos de Gobierno, esa misma propuesta goza del aliento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que encabeza Eduardo Luis Duhalde. Su subsecretario, Rodolfo Mattarollo, esbozó algunos de los argumentos que están ahora a consideración del secretario Legal y Técnico de la Casa Rosada, Carlos Zanini.

El fallo de la Corte en el caso Bussi pretendió poner un límite a la mayoría legislativa, para impedirle que decida a piacere quién entra y sale del Congreso o de cualquier otra legislatura. Los supremos lo entendieron como un modo de protección de las minorías parlamentarias. Las impugnaciones, dijeron, deben ser previas a la elección o debe haber una sentencia contra la persona cuestionada. “Esto es un boomerang, un instrumento que puede servir para cualquier cosa y reabrir una práctica que no podemos saber adónde nos puede llevar”, explicó Zaffaroni en un reportaje publicado por este diario. “El día de mañana no serán Bussi o Patti sino cualquier otro”, sostuvo Argibay.

El texto provisorio que estudian en la Casa Rosada, al que accedió este diario, plantea que la lectura debe ser diferente cuando median acusaciones por delitos de lesa humanidad. Apunta que, según el derecho internacional, incorporado al derecho local, se debe evitar el acceso de represores a cargos públicos o electivos. Es más, recuerda que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le recomendó a la Argentina, en el año 2000 que, si alguno hubiera subsistido en esos puestos o en las fuerzas armadas, “se tomen medidas” para desplazarlos. No se trata, ironiza, de “una caza de brujas”.

Según el documento, impedir que Patti sea diputado es una obligación del Estado. Argentina, dice, de acuerdo a las disposiciones de la propia Corte Interamericana “está obligada a adecuar toda la estructura del Estado a las normas internacionales de protección a fin de garantizar los derechos humanos” y prevenir “futuras violaciones de esos derechos y libertades”. Esto implica, a grandes rasgos: el enjuiciamiento de quienes participaron de los crímenes dictatoriales, su castigo, la búsqueda de la verdad y el establecimiento de mecanismos de reparación.

En una evidente mensaje a los jueces supremos que conformaron la mayoría del fallo Bussi (Zaffaroni, Argibay, Ricardo Lorenzetti y Carlos Fayt), el documento cita con elogios el voto en disidencia de Juan Carlos Maqueda, que en resumidas cuentas dice que la Justicia no debe entrometerse en una discusión de esta índole: “La Cámara de Diputados es juez exclusivo de los diplomas de los diputados electos”.

También se hace un repaso de la decisión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de Diputados que llevó a cabo la investigación sobre la participación de Patti en el terrorismo de Estado y dio por probada su participación en el fusilamiento de los dirigentes Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, el secuestro de Juan José Fernández, Ricardo Jiménez, el diputado Diego Muñiz Barreto y el periodista Tilo Werner, entre otros. Luego de escuchar a testigos y juntar evidencia, la Comisión sostuvo: “la Constitución (de 1994) fulmina toda posibilidad de que autores o partícipes de golpes de Estado o de violaciones de derechos humanos asuman cargos electivos o ejecutivos en democracia”.

El documento de la Secretaría de Derechos Humanos dice que “es comprensible” la preocupación de la Corte “por evitar los excesos y manipulaciones políticas a que puede prestarse el análisis de la idoneidad moral previa de los legisladores electos”. Pero cuestiona que se le “niegue” al parlamento la facultad de cuestionar los diplomas de los legisladores electos cuando cumple con “las garantías del debido proceso”. En un proyecto de resolución que está recibiendo los últimos retoques, los diputados del oficialismo alientan la presentación en la Corte Internacional y agregan un punto clave: la paradoja de que se exija una sentencia para bloquear la asunción de un legislador cuando “la vigencia durante 20 años de las leyes de obediencia debida y punto final impidió el juicio y castigo a los culpables”. Patti tiene un procesamiento por encubrir a un represor que estaba prófugo y varias causas abiertas, todavía sin definición. Hubo un poder político que facilitó la impunidad en democracia y un poder judicial que tardó años en cuestionarlo.