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La investigación por el asesinato el último miércoles de Carlos Bozzani, subsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad de San Martín, sufrió ayer un giro radical al conocerse un dato que ensombrece más el caso: probablemente antes de fin de año, César Libonatti y su sobrino Pablo Landolfi, ambos ex intendentes de San Martín, deban afrontar un juicio junto con 34 concejales –16 aún en actividad– por un supuesto fraude millonario denunciado hace dos años por el hoy intendente Ricardo Ivoskus, quien se había basado en un sustancioso informe elaborado por el propio Bozzani. La información la hizo pública Ivoskus, al responder a un pedido de la fiscalía que lleva la causa. Por otra parte, en diálogo con Página/12, voceros judiciales admitieron que si bien “no se descarta ninguna hipótesis”, la posibilidad de que se haya tratado de un intento de robo pierde fuerza ya que la autopsia al cuerpo de Bozzani reveló que “no hubo golpes ni signos de resistencia” al ataque. Además, se supo que el funcionario falleció tras recibir un único disparo en el tórax.
“Hay muchas cosas que no quedan claras. Aunque en un primer momento la versión policial hablaba de una tentativa de robo que no se produjo, el hecho de que no le hayan robado ni el auto ni la plata que llevaba encima me hace dudar mucho de esa posibilidad”, admitió ayer el actual intendente a este diario. Bozzani fue sorprendido el miércoles por la noche por al menos tres hombres cuando estacionó su auto en la vereda de enfrente de su casa de Villa Ballester. Según los peritos, los delincuentes le dispararon un solo tiro cuando éste cruzaba la calle para entrar a su casa y huyeron corriendo, sin intentar siquiera robarle la billetera. Bozzani falleció momentos después, en un hospital de la zona.
“Por ahora no manejamos hipótesis muy precisas. Es que todavía no se presentaron testigos del hecho”, señalaron las fuentes, mientras esperaban novedades para las próximas horas. “Estamos realizando tareas de inteligencia para dar con los posibles testigos que se mencionan”, dijeron. Según los allegados a Bozzani, un cliente de una remisería y el dueño de una fábrica de pastas de la cuadra habrían visto a tres hombres correr inmediatamente después de efectuado el disparo mortal.
Sin embargo, el dato que ayer sonó fuerte en la fiscalía dirigida por Fabio Cardigonde fue el proporcionado por Ivoskus. El jefe de la comuna advirtió al fiscal sobre la investigación llevada a cabo por Bozzani entre febrero y marzo de 2000, cuando todavía ocupaba el cargo de director de Finanzas de la Secretaría de Hacienda del municipio. En concreto, su informe llamaba la atención acerca del sobreprecio pagado por el municipio a la empresa Victorio Américo Gualtieri S.A. en concepto de un plan de pavimentación de dudosa concreción. “Bozzani descubrió que una deuda original de tres millones de pesos contraída en 1993 había sido refinanciada y llevada a 28 millones por el mismo municipio”, explicó a Página/12 Ivoskus, quien en su momento fue querellado por la empresa tras negarse al pago de semejante suma.
La sospechosa refinanciación, notoriamente perjudicial para las arcas del Estado, fue votada en dos ocasiones por concejales de la Alianza y el justicialismo durante los mandatos de Libonatti –quien terminó yéndose expulsado de su gobierno y luego quedó fuera de él por un pronunciamiento de la Suprema Corte bonaerense– y Landolfi, en 1996 y 1998, respectivamente. “Lo más grave era que en el medio se había votado en la provincia la ley de saneamiento fiscal, con el objetivo de fijar los plazos de pago e intereses de las deudas y limpiar las cuentas de los municipios”, agregó el actual intendente. El único caso en el que se desconoció la normativa fue el de Gualtieri, cuya empresa siguió sin cobrar a tiempo, por lo que los propios Libonatti y Landolfi impulsaron las refinanciaciones mencionadas. De acuerdo con la ley, la deuda no podría haberse extendido más allá de los diez millones de pesos.
Como consecuencia de la denuncia, a más tardar en febrero de 2003
ambos ex intendentes, 34 concejales y un ex secretario de Obras Públicas de San Martín tendrán que sentarse ante el Tribunal Oral Criminal II,acusados de “administración fraudulenta en concurso real con abuso de autoridad”. Por último, las fuentes de la investigación tampoco descartaron un tercer móvil también oscuro en el homicidio de Bozzani: en los últimos días, el funcionario se encontraba analizando un pliego sobre la recolección de residuos en San Martín recientemente aprobado por el Concejo Deliberante, para su posterior llamado a licitación. Según los investigadores, el de la basura es “un tema espinoso” que obliga a “no dejarlo de lado”.
Informe: Darío Nudler.