En Corrientes, dos jefes penitenciarios fueron separados de su cargo en la Unidad Penal 1 y puestos a disponibilidad de la Justicia y 12 oficiales fueron suspendidos luego de una investigación que determinó que “estaban involucrados en el ingreso de drogas, alcohol y armas” a la penitenciaría. La información fue confirmada a Página/12 por Miguel Angel Domínguez, el interventor del Servicio Penitenciario correntino desde marzo de 2007, cuando tres presos fueron asesinados en su celda. Se trata de jefes y oficiales que trabajaron “durante años en una red de tráfico ilegal dentro del penal junto a internos”. Drogas legales como el Rivotril y el Valium, alcohol, marihuana, facas y machetes fueron algunos de los elementos que habrían repartido entre los presos, previo pago de un arancel, reveló. La subsecretaria de Seguridad provincial admitió los hechos y confirmó que son “verdaderas” las denuncias de familiares de internos, que le dijeron a este diario que los presos están hacinados y no tienen agua, y que los que se quejan son “reprimidos con golpes por agentes encapuchados”.

“Decidí separar de su cargo a dos jefes y suspender a doce oficiales por 30 días, y pasarlos a disponibilidad del Ejecutivo provincial debido a que estaban involucrados en diversas irregularidades, como el ingreso de armas y drogas al penal”, informó Domínguez, interventor del Penal 1 desde que los internos Ramón Centurión, José Ramírez y Samuel Céspedes aparecieran acuchillados, baleados y con heridas provocadas con un hacha en su celda, el 19 de marzo pasado. Desde entonces, se secuestraron en diversas requisas casi 600 porros, numerosas botellas de fernet y “pajarito” –una bebida alcohólica casera que preparan los presos–, cuantiosas “facas” y “lanzas” y cerca de 400 pastillas de Valium y Rivotril para cócteles.

Todo era ingresado en la penitenciaría “por la anterior cúpula, encabezada por el ex director del Penal 1 Benigno Maidana, que fue desplazado pero jamás procesado”, explicó a Página/12 Cecilia Gortari, subsecretaria de Seguridad de Corrientes. “Los jefes y oficiales acusados repartían esos elementos entre los recluidos, que traficaban entre sus compañeros”, amplió Domínguez. Liliana, familiar de un preso –que solicitó no ser identificada–, contó a este diario que una vez fue a visitar a su hermano y vio “al lado de la oficina de Maidana, una pila de cajas de botellas de whisky”. El interventor le dio crédito a la denuncia de la mujer: “Esto estuvo manejado por directivos y oficiales, porque un cabo no podría ingresar una caja de whisky”, consideró Domínguez. Y concluyó: “Según la investigación, los acusados deberían ser exonerados”.

Cerca de 500 presos ocupan el lugar que deberían ocupar no más de 180 en el Penal 1, una cárcel de estilo mediterráneo que data de fines del siglo XIX. Allí, las condiciones son “infrahumanas”: hasta doce presos conviven en celdas de dos metros cuadrados y 1,60 de altura, entre la ropa colgada, sin sábanas ni frazadas, y mucho menos jabón o agua.

“En esas versiones hay cosas relativas, pero sí, existen graves problemas de infraestructura de los que estamos en plena conciencia”, sostuvo la subsecretaria Cecilia Gortari.

–¿Y qué hace falta además de esa conciencia para arreglar los problemas?

–El financiamiento, porque ya hay un proyecto para construir una nueva unidad que descomprima el Penal 1. En el Penal 6, que hicimos hace poco para vaciar las comisarías, sólo hay procesados. Pero es claro que jamás lograremos reinsertar a un preso si convive apretado, sin agua ni jabón –completó la funcionaria del Ministerio de Seguridad.

Precisamente, fue en el Penal 6 donde el pasado fin de semana ocurrió otro episodio que volvió a poner sobre el tapete el sistema penitenciario provincial (ver aparte). En el Penal 1 “es impresionante lo mal que viven los chicos”, se quejó Liliana. “La droga que les venden los agentes les sirve para evadirse”, aseguró Hilda Presman, de la Red Provincial de Derechos Humanos de Corrientes. Familiares de los internos, cuando fueron de visita en las pasadas fiestas de fin de año, alcanzaron a divisar “cajas de whisky, cigarrillos, porros, pastillas” y hasta “una pistola .45”, según enumeraron. “No entran en una vagina”, ironizaron, como respuesta a las requisas que sufren las visitantes y a las habituales argumentaciones del contrabando que dan los penitenciarios. Las fuentes familiares pidieron no ser citadas, por miedo a que, como denunciaron que les hacen a los internos que alzan la voz, un día los despierte un encapuchado y los muelan a golpes de puño y macana.

“Algunos agentes se ponen capucha y les dan golpizas a los chicos, y después a los familiares no nos dejan verlos por días. Muchos no resisten, pibes a los que les faltaban días para salir se ahorcaron”, dijo Graciela, esposa de un joven interno. Domínguez admitió que el Penal 1, ubicado en la avenida 3 de abril 57, en Corrientes capital, fue “zona liberada” por años. “Hubo denuncias sobre esas golpizas y se está investigando para tomar medidas, pero es más difícil de llegar al esclarecimiento porque cuesta encontrar al golpeador, que no siempre es el mismo”, se excusó.

Los principales sospechados fueron apartados mientras se realizó la última etapa de la investigación interna, que concluyó la semana pasada. Eso permitió que los internos y los agentes subordinados declararan con libertad. “De esta investigación se desprendió que los involucrados fueron, en su mayoría, miembros de la alta cúpula directiva del penal y oficiales jerárquicos. Muy pocos son agentes de menor grado”, precisó Gortari.

En el Penal 1 existe un incentivo de 75 pesos por mes decretado para los internos que trabajan en tareas de limpieza del penal.

–¿Realmente les pagaban?

–En realidad no. Según las investigaciones, los oficiales que decidían quién trabajaba y quién no se quedaban con una parte como comisión. Y el resto, creemos que era usado para hacer funcionar la red de tráfico interno. O sea, les daban trabajo y luego les cobraban las provisiones.

Informe: Luis Paz.