Casi 300 familias quedaron en la calle ayer, después de que fueran desalojadas por sendas órdenes judiciales. El operativo más grande se llevó a cabo en el barrio de Monserrat, donde unas 250 familias debieron abandonar un edificio en situación de riesgo, en Bolívar y Moreno, donde vivían hacinadas. En ese lugar está prevista la construcción de un hostel para turistas. El segundo, en la calle Cochabamba, en San Cristóbal, afectó a unas 30 familias. En ambos casos, el gobierno porteño asistió a las personas afectadas con subsidios, sobre todo en el primer caso, donde una empresa privada tiene prevista la construcción de un hostel, y hubo resistencia de algunos de los habitantes. “Desde que empezó nuestra gestión –hace poco más de dos meses– hubo unos veinte desalojos”, dijo a Página/12 el subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, Carlos Regazzoni.

En el inmueble de Bolívar 331, un edificio de principios del siglo XX, estaba ocupado desde hace años por unas 250 familias que semanas atrás habían recibido la orden de desalojo por parte del juez en lo Civil, José Silvera. Desde el Ministerio de Desarrollo Social comenzaron a resolver el retiro de las familias, el viernes pasado. La mayoría decidió irse voluntariamente el fin de semana, tras recibir un subsidio oficial y un aporte por parte de la empresa compradora del edificio, identificada como San Telmo House.

Ayer por la mañana, cuando llegó la policía para hacer efectivo el desalojo, una 40 personas se negaron a abandonar la vivienda. La policía cortó la luz y se produjeron algunos forcejeos en el segundo y en el cuarto piso, hasta que se arribó a una negociación. “No estaban conformes con la oferta y afirmaban que no tenían dónde pasar la noche”, afirmó Regazzoni. El gobierno porteño les ofreció una solución transitoria en albergues de la ciudad, tras lo cual hubo acuerdo.

Según el funcionario, el subsidio que otorga la ciudad “es de 12.000 pesos como máximo, en los casos de familia numerosa”. Hubo un aporte por parte de la empresa compradora, que no fue precisado pero que, según los vecinos desalojados, sumó un promedio de 16.000 pesos. Muchos de los que acordaron retirarse con esa suma piensan trasladarse al Gran Buenos Aires

–¿Por qué el Estado paga una suerte de indemnización para un desalojo que beneficia el negocio de un privado? –preguntó Página/12.

–El Estado tiene la obligación de atender a las personas que están en situación de vulnerabilidad, independientemente de lo que haga el privado –respondió el funcionario–. No queríamos que nadie pase otra noche más ahí porque hay peligro de derrumbe.

Hugo Galarraga, uno de los desalojados, dijo a la agencia DyN que el acuerdo se firmó entre los ocupantes, el gobierno porteño y la compañía San Telmo House SA, que construirá allí un hostel y un centro comercial.

Galarraga relató que, en 2006, San Telmo House SA compró los tres edificios de Bolívar y Moreno. Allí, quienes decían ser sus dueños alquilaban piezas en condiciones calamitosas a familias carenciadas, relató el vecino.

En este contexto, la Comisión de Control, Evaluación y Seguimiento de la Ley 341 Programa de Autogestión del Habitat Popular anunció para hoy una marcha a la sede del gobierno porteño por “el derecho a vivir en la ciudad, el aumento del presupuesto y la apertura de todos los programas del Instituto de Vivienda de la Ciudad”. Con la consigna “Basta de desalojos”, se concentrarán a partir de las 13 en el Obelisco.

Fortunata Zapa, una de las habitantes del edificio, relató que hasta que se supo que los edificios habían sido vendidos, las familias que vivían allí pagaban un alquiler a un encargado, que un día anunció que se iba, que no tenía más trato con el dueño y que éste había vendido los edificios. “Pero nosotros no sabíamos que los había vendido con todos nosotros adentro”, aclaró.

Sin embargo, la vecina admitió que “en esta oportunidad debimos aceptar esta ayuda del gobierno, porque queremos progresar por el bien de nuestros hijos”. En la fila que se formó frente al Colegio Nacional de Buenos Aires, para recibir los cheques, Fortunata dijo que el dinero la ayudará a ubicarse en la provincia de Buenos Aires.

El de Bolívar no fue el único desalojo del día. En otro operativo sin incidentes fueron desalojadas 24 familias de una propiedad ubicada en Cochabamba al 2300, del barrio de San Cristóbal. Los habitantes del lugar debieron abandonar el lugar, a pesar de que reclamaron a las autoridades “tiempo”, porque dijeron “no tener un lugar donde ir a vivir”. Una mujer, que esperaba ser trasladada con sus pertenencias en la calle, dijo a la prensa que pagaban mensualmente “500 pesos por cuarto” a una persona que se identificaba como propietario del edificio.