La jueza María Romilda Servini de Cubría le pidió ayer al Registro del Automotor el expediente del Audi, modelo 4A, importado mediante el uso irregular de franquicia diplomática por la esposa de Jorge Matas, el funcionario que estaba a cargo de las franquicias en la Cancillería. Seguramente ésa fue una de las últimas medidas que tomó Servini de Cubría antes de dejar la causa, el lunes próximo, cuando regrese de vacaciones el juez federal originario, Norberto Oyarbide. Pero también podría ser de las últimas medidas de la Justicia federal en ese caso, ya que en el edificio de Comodoro Py existe bastante consenso en que el delito central que se investiga es el de contrabando agravado y que por ello el expediente debería pasar al fuero Penal Económico. El juez Jorge Brugo, a cargo de la causa en ese fuero, viene reclamando que los jueces federales den un paso al costado, por lo que Oyarbide deberá tomar, la semana que viene, la decisión de pasarle o no la causa a Brugo.

El fiscal Patricio Evers pidió la indagatoria de Matas, quien aparece como eje de la maniobra dentro del Departamento de Franquicias de Cancillería. Una fuerte evidencia en su contra es que su esposa, María Eugenia Sanguinetti, trajo al país el Audi a través de un funcionario de la Embajada de Rusia, Mikhail Moskin, beneficiándose de la franquicia diplomática. O sea que, supuestamente, compró el vehículo a menos de la mitad del valor, sin pagar los impuestos correspondientes al ingreso del auto a la Argentina. El informe del Registro del Automotor, pedido ayer por Servini, seguramente será una prueba de importancia, pero no estará listo antes del lunes, por lo que será recibido por Oyarbide.

Servini de Cubría convocó para hoy, como testigo, a Alejandro Peyrou, firmante del informe realizado a pedido del canciller Jorge Taiana y en base al cual se denunciaron las irregularidades en la Justicia. Taiana presentó las conclusiones a la Justicia federal porque los denunciados era funcionarios del Estado, pero la realidad es que el delito es el de contrabando, que consiste en ingresar al país bienes sin pagar las tasas correspondientes y mediante la utilización de un ardid o engaño. Como intervino un funcionario del Estado, en este caso de Cancillería, el delito pasa a ser contrabando agravado, con una pena mínima de cuatro años de prisión y una máxima de diez. Para muchos magistrados se convierte en no excarcelable.

El escándalo de los autos ingresados al país mediante franquicias diplomáticas irregulares llegó al fuero Penal Económico por una denuncia de la Aduana. Quien instruyó el expediente al principio fue Marcelo Aguinsky, que recibió la denuncia por ser juez de feria. Cuando inició las vacaciones, el expediente se sorteó y ahora está en manos de Jorge Brugo, quien ya lleva realizados más de 50 allanamientos, la mayoría a concesionarias, intermediarios y las personas que recibieron los vehículos de manos de los diplomáticos. Por ahora, Brugo mantiene la causa bajo secreto de sumario, pero todo indica que su mirada está puesta en los intermediarios que fueron los grandes operadores de la maniobra: tenían arreglados a los diplomáticos, que recibían unos 20.000 dólares por vehículo, a los funcionarios de Cancillería, que cobraban unos dos mil o tres mil, y, además, tenían ya reservada la unidad para un comprador. En estas semanas, Brugo se dedicó a juntar documentación orientada a saber quién pagó realmente cada vehículo, quién lo usó, quién lo llevó a hacer el service y otros datos que indicarían, caso por caso, quién estuvo detrás de la maniobra.

Por el lado de la Justicia federal la investigación parece más exigua. Y lo cierto es que Oyarbide se encontrará el lunes con el pedido de Brugo de declararse incompetente y entregar todo el expediente al fuero Penal Económico. Página/12 consultó sobre el tema a jueces federales y todos coincidieron en que la lógica es que el caso lo siga únicamente Brugo. En Tribunales lo conocen como “el sheriff del Penal Económico”.