La Ley 26.130 de anticoncepción quirúrgica se sancionó en el Congreso a fines de agosto de 2006 y entró en vigencia en los primeros días de septiembre. Quiso poner fin a una clara discriminación que sufrían las mujeres más pobres, que no podían acceder a esa intervención en el sector público, aun cuando había una indicación médica mediante, mientras que las mujeres que tenían más recursos económicos no encontraban resistencias en un consultorio privado.

Desde su entrada en vigencia, la norma legal determina que todas las personas capaces y mayores de 21 años tienen derecho a acceder a las prácticas de anticoncepción quirúrgica, tanto una ligadura de trompas como una vasectomía, en el caso de los hombres, previo consentimiento informado. La ley no establece ningún otro requisito adicional.

Ante los obstáculos que se detectaron el año pasado en algunos hospitales bonaerenses para que las mujeres pudieran acceder a una intervención, el ex ministro de Salud de la provincia Claudio Mate, que finalizó su gestión en diciembre, firmó una resolución que reglamenta la ligadura tubaria en el sector público y da garantías a los médicos de que no serán pasibles de denuncia por mala praxis. Además, la resolución definió el texto del consentimiento informado que deben firmar quienes solicitan la anticoncepción quirúrgica.