Unas 50 niñas y adolescentes paraguayas, de 12 a 16 años, fueron detectadas por los equipos que combaten la trata de personas cuando eran ingresadas a la Argentina por la Triple Frontera. El hecho, ocurrido a principios de 2008, fue expuesto ayer como caso testigo del delito de trata por la coordinadora del programa Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia, Eva Giberti, durante el seminario sobre protección de los derechos de niños y niñas. Durante el encuentro, a su vez, se advirtió que el tráfico de niños se está corriendo de la Triple Frontera a otros pasos menos vigilados.

“La problemática se fue corriendo de la Triple Frontera, porque cada vez está más vigilada”, alertó la titular de la Dirección Nacional de Asistencia Directa a Personas y Grupos Vulnerables de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Victoria Martínez, a poco más de un mes de la sanción la Ley Contra la Trata de Personas. “Los tratantes se están reubicando en otros pasos menos observados como los de Villazón (Bolivia) y La Quiaca o Encarnación (Paraguay) y Posadas, para entrar y sacar chicos sin tanto control”, amplió Martínez.

Giberti explicó que, en esa zona limítrofe con Paraguay, las niñas y adolescentes cruzan “en autos, taxis u ómnibus” con “una persona que es la encargada de llevarlas y que no viaja cerca de ellas”. Según Giberti, las niñas tienen como destino final las ciudades de Buenos Aires o Córdoba y son oriundas de una zona cercana a Encarnación conocida como ‘El Vertedero’”.

Martínez y Giberti son algunas de las expertas en derechos humanos del Mercosur que entre el lunes y ayer se reunieron en una mesa de trabajo para avanzar en el consenso de medidas para combatir el tráfico, la trata y la venta de niñas y niños en las zonas de frontera. Entre otras estrategias en común, los países miembro del Mercosur analizaron qué tipo de modificaciones hay que hacer sobre las legislaciones vigentes en cada país, para que la lucha contra el tráfico de personas sea más eficiente.

“Muchas veces las fuerzas de seguridad detectan estos casos sospechosos, pero no pueden tomar medidas porque no hay ámbitos judiciales cercanos en los que se pueda radicar la denuncia y darle intervención a un juez”, explicó Martínez. Agregó que en los casos en los que Gendarmería o Migraciones detectan un ingreso ilegal, todavía faltan recursos para contener a las víctimas, “para que no terminen detenidos en una comisaría como si fuesen ellos los que cometieron el delito”.

En el mapa actual de la trata y el tráfico de personas, la Argentina es un país receptor. Si bien no hay estadísticas que cuantifiquen la magnitud del delito, los funcionarios que trabajan en derechos humanos señalan que la mayoría de los ingresos fronterizos ilegales de menores de edad son destinados a la explotación laboral y los egresos, a la venta de bebés.

Según un informe reciente de la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), “la trata de personas es un problema que crece día a día” y cada vez, recluta más niños. “En la Argentina, la trata de personas existe en forma interna e internacional”, sostiene la OIM, que dirigió un trabajo de concientización y prevención de potenciales víctimas en la Triple Frontera cuyos profesionales resultaron amenazados.