[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Por primera vez en la historia de las Naciones Unidas, 62 países –entre ellos la Argentina– presentarán mañana en la Asamblea General una declaración que llama a despenalizar la homosexualidad en el mundo y condena los abusos a los derechos humanos por orientación sexual o identidad de género. La iniciativa tendrá la previsible oposición de los países islámicos, además del ya anunciado rechazo por parte del Vaticano.

Una coalición de organizaciones internacionales de derechos humanos –entre ellos Amnistía Internacional y Human Rights Watch– instó el 12 de diciembre pasado a todas las naciones a apoyar la declaración, para reafirmar la promesa básica de la Declaración Universal de Derechos Humanos: que los derechos humanos se aplican a todas las personas.

Con la lectura de la declaración será la primera vez que la Asamblea General aborde formalmente las violaciones de derechos basadas en la orientación sexual y la identidad de género. “En 1948, las naciones del mundo hicieron la promesa de los derechos humanos, pero 60 años después aún no se ha cumplido para muchas personas”, manifestó Linda Baumann, de Namibia, miembro de la junta directiva de Pan Africa ILGA, coalición de más de 60 grupos africanos de personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT).

La declaración, no vinculante, condena la violencia, el hostigamiento, la discriminación, la exclusión, la estigmatización y los prejuicios basados en la orientación sexual y la identidad de género. Y condena los homicidios y las ejecuciones, la tortura, la detención arbitraria y la privación de derechos económicos, sociales y culturales por estos motivos.

“Los gobiernos latinoamericanos están contribuyendo a abrir el camino como defensores de la igualdad y partidarios de esta declaración”, sostuvo Gloria Careaga Pérez, de México, cosecretaria general de ILGA.

La declaración insta a los Estados a tomar todas las medidas necesarias, legislativas o administrativas, para asegurar que la orientación sexual o identidad de género no puedan ser “bajo ninguna circunstancia” la base de violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales. En la actualidad, 88 países sancionan de alguna manera la homosexualidad, incluida en algunos casos la pena de muerte.