La cooperativa Colonia Barraquero, de Mendoza, llegó a tener 17 mil asociados, todos trabajadores rurales, entre ellos cosechadores de ajo. Pero ninguno de ellos participó nunca de una asamblea ni recibió porcentaje alguno por participación en las ganancias que tuvo la empresa. Solo percibían una quincena, como cualquier jornalero. Así, durante más de diez años. Una investigación del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) llegó a la conclusión de que la cooperativa era la pantalla que usan empresas productoras para eludir el pago de cargas sociales. Con esos elementos, el Inaes le aplicó la máxima sanción prevista por la ley: el retiro de la autorización para seguir funcionando. Los directivos de la supuesta cooperativa presentaron un recurso judicial y lograron congelar el castigo y ahora la Justicia será la que tenga la última palabra. Mientras tanto, la cooperativa sigue funcionando a la vista de todos: dota de mano de obra barata a las empresas productoras, empacadoras y exportadoras de ajo –y de otras hortalizas y frutas frescas– y alimenta mecanismos de explotación laboral de personas de toda edad y sexo, incluso niños y niñas.

“Según los papeles, somos socios. Pero nunca participamos de ninguna asamblea ni de decisiones. No nos enteramos de los resultados de los balances ni recibimos ganancias porcentuales de la empresa.” Las palabras confirman los fundamentos de la orden del Inaes y lo que está a la vista en los pueblos que rodean las grandes ciudades mendocinas. Pertenecen a Antonia Trigo, una ex “empleada/socia” de la empresa de hortalizas El Resguardo S.A. (Campo Grande), que trabajó más de 15 años pelando y empaquetando ajo en los galpones que la compañía posee en Rodeo del Medio, a 30 kilómetros de Mendoza capital.

Al igual que otros 32 trabajadores, perdió su trabajo a fines de 2007, tras un conflicto con la empresa en la que los empleados reclamaron mejoras en las condiciones: jornadas de menos horas –trabajan hasta 16 horas diarias–, un aumento en el precio que percibían por cajón de ajo emprolijado y que la empresa se ponga al día con los aportes jubilatorios que nunca habían abonado pero que sí descontaron a las personas quincena tras quincena.

Por norma, cada socio de cooperativas debe estar inscripto como monotributista. “Las personas de Colonia Barraquero lo estaban, pero nunca se le pagó al Estado lo correspondiente”, explicó a Página/12 la gerenta de Inspección e infracciones del Inaes, Lilian Lapadula.

“No pagan horas extra, obra social ni jubilación. No tenemos días por enfermedad ni embarazo. No contamos con ningún beneficio, incluso cuesta horrores lograr que cubran los gastos médicos cuando sufrimos accidentes en horario de trabajo.” Uno a uno, Marta Molina enumeró los excesos que los “ajeros” sufren tanto en Campo Grande como en otros galpones. No obstante, reconocen que no tienen muchas alternativas. “Si nos quejamos nos dicen: ‘Si no te gusta, ahí está el portón. O qué te crees que sos, hay muchos que están esperando para entrar’”, reveló.

Lo expuesto por las mujeres no son más que indicios de explotación laboral, cosa que excede las inspecciones y los informes redactados por el Inaes. Es el gobierno provincial, a través de su cartera laboral, el que debe investigar tanto los casos de explotación como el empleo de mano de obra infantil, situación que las ex empleadas confirmaron: “En los galpones trabajan chicos de nueve años para arriba, y en las fincas, son más chiquitos. Nosotros nos dábamos cuenta de que estaban por llegar los inspectores porque un rato antes los patrones escondían a los chicos”.

En noviembre de 2007 los trabajadores de Campo Grande, en Rodeo del Medio, interrumpieron sus tareas y salieron a la calle. Una notificación que les llegó a cada uno solicitando que certifiquen con su firma el cambio de nombre de la cooperativa fue la gota que rebasó el vaso. “Nos negamos”, sostuvo Antonia. Marta amplió el panorama: “Desde siempre nos descontaron el cinco por ciento en cada quincena. Según ellos, para aportes jubilatorios que nunca existieron. Antes de cambiar de nombre, queríamos que nos devuelvan la plata que nos sacaron durante todos estos años.”

El responsable de la Dirección de Cooperativas y Mutuales de Mendoza, Daniel Berchessi, reconoció que “no se sabe” lo que la empresa hizo con ese 5 por ciento acumulado. “Su argumento es que la plata está depositada en una cuenta especial hasta que se aclare la situación”, expresó sin poder precisar qué es lo que debe aclararse.

Con la empresa paralizada, la patronal pidió a los empleados que eligiesen 25 delegados –son más de 500, “de los que no más de 50 están en blanco”, aclaró Antonia– para negociar. Pero al día siguiente, ni los delegados ni sus familiares y amigos que trabajan en la empresa pudieron volver a trabajar, jornada que culminó con represión policial sobre los empleados. Uno de ellos falleció días después en el hospital de Mendoza. “Los Sánchez (familia dueña de Campo Grande) hicieron circular una lista negra donde nos identificaron como generadores de conflictos. No nos toman en ningún otro galpón”, concluyó Marta (ver aparte).

Desde afuera, las mujeres forman parte del incipiente grupo de deschaladores que está trabajando para conformar un sindicato de ajeros en Rodeo del Medio. “Nadie nunca nos habló de derechos del trabajador, pero se terminó. No entienden que los trabajadores, los pobres, son los que hacen que los ricos sean ricos. Sin pobres que hagan el trabajo que ellos no quieren hacer, ellos no existirían”, concluyó Antonia.

Informe: Ailín Bullentini.