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José Soto y Fabián Bravo son los únicos trabajadores del grupo de más de treinta despedidos que lograron, mediante un recurso de amparo, que la empresa Campo Grande les devuelva sus puestos de trabajo. Sin embargo, cada vez que intentan que se cumpla la orden judicial y llegan a la planta, “la empresa dispone que la jornada laboral ha terminado y manda a todos a su casa. Los quieren poner en nuestra contra”, denuncia Soto.

La orden de reincorporarlos fue adoptada por la II Cámara del Trabajo de Mendoza, fundamentada en el fallo de la Corte Suprema sobre la libertad sindical.

El responsable de la Dirección de Cooperativas y Mutuales mendocina, Daniel Berchessi, argumentó: “Los sesenta representantes del cuerpo total de socios de la cooperativa decidieron la expulsión de estas personas”. Sin embargo, los trabajadores aseguran a Página/12 que no existen tales representantes.

Tras la “expulsión”, los ajeros comenzaron a organizar su propio sindicato, de espaldas al que debería protegerlos, el de Frutas Frescas y Hortalizas que, según Soto, “no nos afilió por ser socios de una cooperativa”. Aunque lenta, la construcción tiene impulso. “Intentamos concientizar a los compañeros. Acá nunca se acostumbró a que los trabajadores sepan de sus derechos ni que los patrones los respeten”, consideró Bravo.