“La Corte está fijando un criterio de vigencia del estado de derecho, eso es importante. Y también señala muy bien la aparición de fallas dentro de la cárcel”, analizó el ex fiscal y presidente de la Comisión Provincial por la Memoria Hugo Cañón. La sentencia que ordena indemnizar a la madre del joven fallecido a consecuencia de las heridas de faca infligidas durante una pelea carcelaria y el deficiente tratamiento médico posterior, no hace sino poner en blanco sobre negro una situación que está lejos de ser excepción, sostuvo. “Tenemos experiencia de comprobar que la misma gente del Servicio Penitenciario distribuye facas a los presos para dirimir cuestiones internas. Y por otro lado, destaca la necesidad de reformular el aspecto asistencial y médico. Respecto de toda institución que esté bajo su responsabilidad, si existe alguna anomalía, el Estado debe responder por posibles daños.”

La opacidad de las cárceles como lugar social, cree Cañón, ahonda “una vulneración del sistema”. “Las estadísticas demuestran que, porcentualmente, mueren más personas dentro de las cárceles que ciudadanos extramuros en el barrio más peligroso de Argentina. Eso demuestra que el Estado no garantiza la privación de la libertad sin riesgos, o al menos con un equiparable al que hay extramuros.” Las reacciones airadas, como las que ayer mismo comenzaban a encontrarse en foros de Internet ante el fallo, sólo refuerzan que “cuando se trata de la opinión pública, estamos ante un concepto de derecho penal del enemigo: el que está allá es el otro. Ahí debe padecer todos los males, no tiene derecho a nada. Hay un ensañamiento cuando se habla de personas privadas de su libertad, y detrás de eso hay un concepto de muerte. Formalmente, la Constitución prevé que se proteja a las personas presas, pero en las cárceles se mata, se viola...” y no hay condena social a eso. Ante casos como el que derivó en la muerte de Sansalone, dice el ex fiscal, puede pensarse en otros como “la masacre de Magdalena, cuando los presos murieron enjaulados” y hubo “una responsabilidad primaria del Servicio Penitenciario” en ello.