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Por M. C.

Las personas de 15 a 24 años tienen su propio tratado internacional. Pero Argentina todavía no lo suscribió. Es la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ), firmada en 2005 en España. Ya entró en vigencia. “Hasta ahora la han ratificado Bolivia, Ecuador, Costa Rica, España, Honduras, República Dominicana y Uruguay”, precisó a Página/12 el abogado argentino Alejandro Morlachetti, consultor externo de organismos internacionales y uno de los expositores del III Encuentro Iberoamericano de Periodistas “Juventud y medios de comunicación” (ver aparte). Morlachetti aclaró que la mayoría de los derechos que reconoce están en otros tratados de derechos humanos pero en la CIDJ aparecen en el “lenguaje de las necesidades propias de las personas jóvenes”.

–¿Debería suscribirla Argentina?

–Argentina tiene una marcada tradición desde el retorno de la democracia de darles a los tratados de derechos humanos un lugar preponderante en su organización política y jurídica, especialmente luego de la reforma constitucional de 1994. Con lo cual ratificar la CIDJ sería darle continuidad a esa tradición.

–¿Por qué no tiene tanta visibilidad?

–Por varias razones. Es relativamente nueva en términos de un tratado internacional, ya que entró en vigencia en el 2008. Y además, por supuesto acompaña la clásica invisibilización que tiene el tema del cual trata, que son las personas jóvenes. Una vez que abandonamos el concepto de niñez para entrar en la adolescencia y juventud, aparecen las sombras e indefiniciones. Sólo basta analizar la esquizofrenia regulatoria que establecen edades muy diferentes para las personas adolescentes y jóvenes como si pudiéramos compartimentar a una persona en varias (edad para imputabilidad y comprensión de la criminalidad, otra para manejar, otra para consentir casamiento, reconocer hijos, otra diferente para dar consentimiento informado y acceder a un servicio de salud, etc., etc.). Por eso, podríamos decir que no son las personas adolescentes y jóvenes los que “adolecen”, sino los Estados de su incapacidad para definir políticas públicas claras para ese grupo etario de la población.