Legisladoras y legisladores de las comisiones de Legislación Penal y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados firmaron en la última semana de agosto un dictamen que abre el camino para que se pueda debatir en el recinto una reforma a la ley antitrata, sancionada en 2008. Quedó fuera de la discusión la penalización del cliente-prostituyente, una iniciativa impulsada por la diputada de la Coalición Cívica Marcela Rodríguez, y que está en línea con una propuesta en ese sentido que viene realizando el Gobierno en foros internacionales. Patricia Bullrich, de la CC, opinó que “si penalizamos al usuario perdemos al único testigo que tenemos de la trata”. Rodríguez fue la única que firmó un dictamen de minoría. Juan Carlos Vega, presidente de Legislación Penal y también de la CC, dijo que “si penalizamos al cliente corremos el riesgo de que la policía termine olvidándose del negocio y se dedique a perseguir a los consumidores de prostitución”. También consideró que de esa manera se pondrían obstáculos al “trabajo sexual libre y controlado”, lo cual, consideró, sería inconstitucional.

El dictamen aprobado elimina la diferencia entre víctimas mayores y menores de 18 años, es decir, en el caso de las mayores ya no se tendrá que probar que no dieron su consentimiento para ser reclutadas, y aumenta las penas. No se elevó el mínimo de tres años de prisión, sin embargo, lo que mantiene el delito como excarcelable, pero se agregaron agravantes que incrementan las condenas, por ejemplo, el hecho de que la víctima se encuentre en situación de vulnerabilidad social, si padece trastornos mentales, alguna discapacidad, o esté embarazada. El radical Ricardo Gil Lavedra señaló que al incorporarse diversos agravantes no quedaría ningún imputado exento de prisión ya que el piso mínimo en esos casos sería de cinco años.