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La jueza Elena Liberatori hizo lugar ayer a un pedido de la defensora en lo Contencioso Administrativo y Tributario NO 3, Lorena Castro Feijóo –quien intervino en el conflicto suscitado el martes en la Villa 31 de Retiro–, y ordenó el inmediato otorgamiento de subsidios habitacionales a 243 familias que viven en situación de precariedad.

La Defensoría intervino para frenar la represión, ejecutada por efectivos de la Policía Metropolitana, que mediante el uso de balas de goma y gases lacrimógenos impidieron que los vecinos cortaran la Autopista Illia, justamente en reclamo de esos subsidios.

La defensora canalizó las demandas de la población, empadronando a 243 familias, y presentó una solicitud a la jueza, peticionando la entrega de subsidios habitacionales de emergencia “previstos en el decreto 690, en sus valores máximos posibles”, estimados en unos 1200 pesos.

Ayer, Liberatori resolvió ordenar al Gobierno de la Ciudad, en un plazo no mayor a dos días hábiles administrativos, “incorporar o reincorporar según corresponda” a las 243 familias al Programa de Emergencia Habitacional, hasta tanto se brinde solución definitiva a la falta de vivienda adecuada.

La medida cautelar “permite a la Defensa Pública seguir avanzando en su misión constitucional de garantizar los derechos de los sectores más vulnerables de la Ciudad y reafirmar la idea de que la solución a la crisis social no debe ser represiva”, dijo la Defensoría en un comunicado.