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Según confirmaron pacientes y fuentes judiciales, la Asociación Civil Volviendo a la Esencia ofrecía sus servicios desde hace tres años: los dos primeros en un predio del partido bonaerense de San Miguel y el último en Del Viso, Pilar, donde tramitaron sin éxito la habilitación. Para obtenerla, informó la concejal de Pilar Liliana Alfaya, se precisa la habilitación sanitaria del Ministerio de Salud bonaerense, la aprobación del área de Obra Públicas de la Municipalidad y de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Con algunos de esos papeles y otros de 2010, cuando estaban en San Miguel, lograron cobrar reintegros de algunas prepagas.

“Una vez chequeados estos puntos, se va al Concejo Deliberante para dar uso del suelo y los vecinos pueden dar una opinión. Para nosotros es importante esta opinión pero no es vinculante. Ellos tenían el uso de suelo pero cuando los citamos al Concejo para que explicaran el plan terapéutico, vino el arquitecto, no el director médico o un profesional”, relató Alfaya. Esta presentación, seguida de un rechazo de los concejales, ocurrió dos días antes de que algunos ex internados y familiares tomaran por asalto el lugar.

En Del Viso, esta comunidad terapéutica recibió dos inspecciones del área de fiscalización del Ministerio de Salud bonaerense en 2012, una en enero y otra en agosto. Los inspectores señalaron que el lugar no estaba en condiciones de ser habilitado, pero no lo clausuraron. El director “terapéutico”, Cristian Seoane, afirmó al sitio web Pilar de Todos que tiene habilitación y que trabajaba con 15 obras sociales. “Hay pacientes que vienen en contra de su voluntad y está acordado con las familias un distanciamiento propio del tratamiento”, dijo Seoane, desconociendo que se precisa orden judicial para la internación compulsiva.

La provincia de Buenos Aires aún no adhirió a la Ley de Salud Mental, sancionada por el Congreso Nacional y que aún continúa sin ser reglamentada. La adhesión depende del Ministerio del Salud bonaerense, que debe emitir una resolución y, de hacerlo, esto permitirá adecuar los controles de monitoreo a la ley nacional. Los preceptos básicos de esta norma contradicen los mecanismos “terapéuticos” que enarbola Volviendo a la Esencia. Plantea la internación, aunque sea voluntaria, como último recurso y una serie de mecanismos para controlarla cada 60 días.

En el caso de las internaciones involuntarias, la Ley de Salud Mental obliga a que ésta se notifique a un juez y a un órgano de revisión, en un plazo no mayor a diez horas. “La prescripción de medicación sólo debe responder a las necesidades fundamentales de la persona con padecimiento mental y se administrará exclusivamente con fines terapéuticos y nunca como castigo, por conveniencia de terceros, o para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales”, agrega la norma.