La Unión Cívica Radical presentó ayer un amparo colectivo en representación de todas las mujeres que en el país son víctimas de la violencia de género para que el Consejo Nacional de las Mujeres “cumpla con las obligaciones que le fueron impuestas por la ley 26.485, de protección integral contra la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos de sus relaciones interpersonales”. La norma fue aprobada en 2009 y reglamentada por la presidenta Cristina Fernández un año después, pero todavía no se implementó en su totalidad.

La presentación fue hecha por el presidente de la UCR, Mario Barletta, la titular de la Convención Nacional, Lilia Puig de Stubrin; el presidente del bloque de Diputados, Ricardo Gil Lavedra; los diputados Manuel Garrido, María Luisa Storani, Ricardo Alfonsín y Juan Pedro Tunessi, entre otros. Storani destacó la importancia de la ley. “Esta ley buscó adecuar la normativa interna a los tratados internacionales de derechos humanos que rigen en materia de violencia de género e implica un cambio de paradigma en tanto aborda la temática de la violencia de género desde una perspectiva infinitamente más amplia y abarcativa de la que hasta ahora existía en la legislación argentina”. Sin embargo, Barletta advirtió que “a casi cuatro años de sancionada la ley, el Consejo Nacional de las Mujeres no está cumpliendo con la mayoría de sus obligaciones previstas, a pesar de encontrarnos ante una situación alarmante en lo referente a la violencia contra las mujeres, que día a día son víctimas del maltrato de los hombres”. Garrido, patrocinante de la causa, enfatizó que “el Consejo de las Mujeres no cuenta con un Plan Nacional de Acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia, tal como lo obliga el artículo 9º de la ley”.