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Desde la sanción de la ley de trata, en el año 2008, hasta la actualidad, se dictaron más de 80 condenas y por encima de 270 procesamientos por ese delito. El promedio no es malo, analiza el fiscal Marcelo Colombo, probablemente quien más conoce sobre la dinámica de la trata en la Argentina. “En Latinoamérica somos el país que más condenas ha tenido”, destaca en una entrevista con Página/12. Y agrega otro dato significativo: “Las estadísticas del último año muestran un avance en la imputación y procesamientos de funcionarios públicos, entre ellos, integrantes de fuerzas de seguridad e intendentes”. Colombo está al frente de la unidad especializada de la Procuración General de la Nación, bautizada en 2012 como Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación Sexual de Personas (Protex). Tiene en sus manos el informe sobre la persecución del delito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que le entregó la Fiscalía Federal No 6 de la Capital Federal. Coincide con el diagnóstico, pero aclara que no se puede generalizar y extender ese panorama al resto del país. “La actitud de jueces y fiscales en la investigación de este delito es dispar”, señala.

Desde la Protex, Colombo realiza el seguimiento de todos los juicios que se siguen en cada provincia, brinda asistencia y acompañamiento a los fiscales que investigan a las mafias prostibularias y las que se dedican a la explotación laboral y recorre el territorio argentino dando capacitaciones y conferencias para sensibilizar a funcionarios judiciales sobre el fenómeno de la trata.

–¿Qué análisis hace de las conclusiones del relevamiento sobre los procesos judiciales iniciados sobre más de un centenar de prostíbulos con sospecha de estar vinculados al delito de trata en el ámbito porteño?

–Es útil porque traza un panorama de la suerte de expedientes judiciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las cuestiones sobre planteos de competencia entre la Justicia Federal y la local siguen siendo un problema para el avance de algunas investigaciones. Este diagnóstico fue destacado por la Procuraduría en el informe anual del año 2011. Tal como el informe de la Fiscalía pone en evidencia, existen directrices claras del Ministerio Público Fiscal para que la Justicia federal no descarte tempranamente la investigación del delito de trata, hasta tanto colecte toda la información sobre el lugar de explotación. Antes de discutir competencia hay que ingresar a los lugares de explotación, liberar a las víctimas y recabar información sobre su situación de acuerdo a las previsiones legales hoy existentes y con el equipo de asistencia a víctimas.

–¿Por qué persisten esos obstáculos desde el Poder Judicial a la hora de investigar el delito de trata en el país?

–En lo que hace a los conflictos de competencia hay un riesgo siempre posible y latente porque el delito de trata –de naturaleza federal– puede, muchas de las veces, concurrir con otros delitos de naturaleza no federal, y el riesgo de conflictos negativos de competencia está siempre presente. Cualquiera sea la jurisdicción. Lo importante es que los fiscales sigan las directrices de la Procuración General de la Nación y de la Corte Suprema en la materia.

–¿Cómo se puede modificar la actitud que tienen funcionarios judiciales para investigar la trata de personas?

–La actitud de jueces y fiscales en la investigación de este delito es dispar. Quiero decir, no se puede generalizar en ninguno de los dos sentidos. A medida que el delito fue conociéndose e interpretándose adecuadamente hubo muchos fiscales y jueces que hicieron una buena aplicación de la norma. De hecho, desde la sanción de la ley en el año 2008 hasta nuestros días, se han dictado más de ochenta condenas y por encima de 270 procesamientos por el delito de trata. Sin contar aquí las condenas y procesamientos por los delitos vinculados. Precisamente aquellos delitos conexos que generan las disputas de competencia de la que antes hablábamos. Se trabaja en dos frentes: por un lado, la capacitación más técnica dirigida a que el fiscal conciba el caso de trata de modo proactivo, ampliando el lente de la investigación hacia imputados más poderosos, integrando la investigación con análisis de comunicaciones y otras técnicas que han mostrado eficacia. Por otro lado, apuntamos a la sensibilización del operador judicial frente a temáticas complejas desde el punto de vista social. Un ejemplo de ello es la capacitación a operadores del sistema judicial en la adopción de una perspectiva de género en la investigación del delito. Sobre este punto hemos desarrollado infinidad de talleres en todo el país en sociedad con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

–¿La reforma de la ley que se aprobó el año pasado mejoró la persecución? ¿En qué sentido fue positiva?

–Sí. Se han dado algunos casos interesantes bajo la nueva norma. Como por ejemplo el procesamiento de los regentes de un prostíbulo VIP en Mendoza, en donde también están detenidos funcionarios públicos, y se clausuró el establecimiento. Y ello fue llevado adelante por el impulso de la Fiscalía Federal a cargo del doctor Fernando Alcaraz.