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El 23 de septiembre, la diputada María Rachid (Frente para la Victoria), junto con la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), presentó en sociedad un proyecto para reglamentar la prostitución en la ciudad de Buenos Aires. Esta semana se presentará oficialmente en la Legislatura. En diálogo con Página/12, Rachid explicó que el proyecto tiene dos objetivos: “Reconocer los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual y contribuir a prevenir la explotación sexual a través de mecanismos del Estado para detectar situaciones de explotación sexual y de trata”.

Además dijo que establece algunas condiciones para los espacios donde se ejerce el trabajo sexual, inspecciones del Estado y un curso obligatorio para las trabajadoras sexuales sobre derechos humanos y derechos de las mujeres “para que tengan relación con diferentes instancias del Estado y se pueda garantizar que no haya explotación, sino trabajo sexual autónomo”.

Rachid sostiene que, en esas condiciones, la prostitución no es una forma de violencia. “Es una actividad como cualquier otra. Se está estigmatizando una actividad bajo un paraguas de valores morales sobre el cuerpo y la sexualidad. Las personas adultas que decidan ejercerlo tienen que poder hacerlo con la protección del Estado y el reconocimiento de sus derechos”, dijo. “Se cuestiona la elección que puedan hacer las mujeres que no tienen oportunidades... Conozco muchas trabajadoras sexuales, trans, varones y la mayoría manifiesta ejercer el trabajo sexual por su decisión, de forma autónoma. Esto no quiere decir que lo elijan, hay muchos trabajos que uno no elige. Una trabajadora de limpieza en un hospital, por ejemplo, seguramente no lo elige pero esto no quiere decir que no tenga la protección del Estado.”

–¿Pero qué pasa con la violencia de la que pueden ser víctimas ejerciendo la prostitución?

–Hay muchas actividades en que las personas están expuestas a situaciones de violencia y justamente el Estado debe velar por su seguridad. Justamente es un motivo para una mayor presencia y compromiso del Estado.