El rostro oculto de la condena a una travesti, sea peruana o nacional, tiene como soporte la polémica moral desatada sobre la actividad en la Zona Roja platense, que impulsa la relocalización de la actividad. Además de la serie de calificaciones del juez Ruiz a lo largo de sus 34 páginas, la sentencia se puede transformar en una buena radiografía de la actuación judicial cuando se trata de perseguir a sectores vulnerables. Por decir un ejemplo, el juez de Garantías ausentes César Melazo fue quien autorizó la actuación policial y la elevación a juicio con los testimonios de no-uniformados de la DDI La Plata –que ni siquiera recordaban en qué había consistido el operativo supuestamente antidrogas–, y sin considerar necesario que la detención de una ciudadana peruana ameritaba comunicar oficialmente y de inmediato a la representación de su país. Una mano apoya a la otra. Porque, como señaló un magistrado respecto al fallo, “es bestial, brutal, pero en muy buena medida expresa lo que piensan otros jueces y juezas, pero que no se atreven a poner en sus sentencias”.