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El gobierno porteño volvió a la carga ayer con los cuestionamientos al funcionamiento y los integrantes de la Comisión Investigadora de la tragedia de República Cromañón de la Legislatura de la ciudad, que ya prepara una recomendación de llevar a juicio político a Aníbal Ibarra. La comisión está integrada en su mayoría por macristas y está totalmente compuesta por legisladores de centroderecha.
El jefe de Gabinete, Raúl Fernández, fue el encargado de embestir duramente contra los diputados que integran ese grupo de trabajo, al tiempo que aclaró que en la administración comunal “no tiene vigencia la obediencia debida ni las instrucciones expresas”. La explicación apuntó a replicar los cuestionamientos que llegaron desde el Palacio Legislativo al anuncio del secretario de Seguridad, Diego Gorgal, de que no iría a la comisión por “expresas instrucciones” de Ibarra.
“En nuestro gobierno, ni la obediencia debida ni las instrucciones expresas tienen vigencia”, manifestó Fernández. Gorgal –que heredó el cargo luego del desempeño en ese lugar de Juan José Alvarez, de quien era su segundo– había rechazado el convite de la comisión con una nota en la que aludía a las instrucciones de Ibarra. Luego de la polémica no envió a la Legislatura ninguna nota aclaratoria sobre esa misiva.
Más allá de ese revuelo, el jefe de Gabinete de la ciudad cuestionó la legitimidad de la actuación de ese cuerpo parlamentario. Ante esto, los diputados apuntaron contra Aníbal Ibarra, por considerar la inasistencia de Gorgal como una estrategia del Ejecutivo de desprestigio, y aseguraron que existe “falta de cooperación”. La presidenta de la comisión, Fernanda Ferrero (Juntos por Buenos Aires), consideró que Ibarra obstruye el accionar del cuerpo porque “el desorden y el caos en torno de las cuestiones de seguridad era absoluto y total”, aun después de la tragedia.
La legisladora defendió la actual conformación de la comisión, al igual que Martín Borrelli, otro diputado macrista de la Comisión Investigadora de Cromañón que cargó contra el gobierno local. “Quienes no han querido compartirla por una decisión propia es el ibarrismo y algunos socios que tiene en la casa”, dijo. La diputada aseguró que en el cuerpo hay acumuladas “cantidad de pruebas y queremos dar dictamen el 19 de julio”.
Por su parte, el principal adversario de Ibarra, el empresario Mauricio Macri, candidato a diputado nacional, defendió la actuación del grupo. “La Comisión Investigadora ha trabajado muy bien. Sé poco porque no quiero interferir”, dijo Macri, pese a que allí confluyen varios de sus seguidores.
El presidente de Boca aseguró que la “recomendación de la comisión puede ser el juicio político o no”, aunque tanto el oficialismo como la oposición saben que el dictamen será llevar a Ibarra a ese proceso.