A trece años de la sanción de la Ley Federal de Educación, que significó la consolidación jurídica del brutal deterioro del sistema educativo argentino, el presidente Kirchner abrió oficialmente, desde la Casa Rosada, el debate nacional por una nueva ley de educación, constituyéndose un hecho histórico.

Tamaña actitud de revisión de la ley desde la propia figura presidencial equivale a una jerarquización y reposicionamiento de la educación como eje sustancial para el presente y futuro de nuestro pueblo y significa el comienzo de un cambio que, junto a la ya sancionada Ley de Financiamiento Educativo, buscará saldar una gran deuda pendiente.

Que sea el propio Presidente quien nos convoque a pensar qué educación queremos y necesitamos los argentinos significa un importantísimo paso que nos involucra y compromete como ciudadanos, ahora partícipes en la propuesta.

En el debate seguramente habrá figuras reconvertidas: académicos prestigiosos, reconocidos pedagogos y políticos que fueron autores, ejecutores y colaboradores de la Ley Federal, que hoy quieren instalarse como lo nuevo y diferente. Pero ésta no es la principal cuestión. Todos tenemos memoria y sabemos que no resistirían a un archivo. Ahora bien, si sólo nos detenemos en los factores y sujetos que podemos condenar por su pasado, perdemos de vista el sincero pronunciamiento de nuestro Presidente de tomar la educación como política de Estado.

Durante tantos años acallado, el debate necesita contar con la participación crítica de todos los sujetos involucrados, pero principalmente de quienes coherentemente se opusieron a la norma discutida, escrita y sancionada durante la fiesta menemista.

Entonces, lo principal es el deber y el compromiso de aportar proyectos y trabajo para una nueva ley de educación para nuestro pueblo. Todo lo demás, hoy, es secundario.

La construcción de este desafío lleva implícito el salir de la crítica sistemática y permanente, a veces fundada y otras no tanto, y buscar en este nuevo escenario complejo los caminos que nos conduzcan hacia una norma jurídica que haga cierta la consagración de la educación como un derecho humano fundamental y un bien social a resguardar.

Sincerar el debate y generar todos los cambios que sean necesarios para vertebrar un sistema nacional y dejar atrás los más de cincuenta subsistemas que coexisten a lo largo y ancho del país es el compromiso que debemos afrontar. Por eso no podemos enredarnos en enunciados innecesarios, sino centrarnos en cuestiones de fondo, como repensar la estructura y los contenidos curriculares, la asignación de recursos por alumno, el protagonismo de los estudiantes, la mejor formación para nuestros docentes, la revalorización de la cultura del esfuerzo, entre otros temas.

La justicia social y una educación de calidad para todos no son enunciados que se declaman sino que se posibilitan. Seamos protagonistas.

* Director del Colegio Nacional, Universidad Nacional de La Plata.