“Resulta imprescindible modificar los criterios de vigencia de las licencias de conductor: internacionalmente, el método de licencias por puntaje se mostró exitoso”, reconoce el Convenio Federal sobre Tránsito y Seguridad Vial que firmaron en agosto todas las provincias, menos tres. También es “imprescindible aplicar criterios unívocos para la emisión de licencias de conductor en todo el territorio nacional”; además, “en ningún caso las sanciones tendrán como finalidad principal la recaudación”, puntualiza el documento, cuyo texto completo se dio a conocer hace pocos días.

El Convenio toma en cuenta que “seis mil personas mueren anualmente como consecuencia de siniestros de tránsito”. Establece la “constitución del Registro Nacional de Licencias de Conductor” y la “implementación definitiva” de la “Red Informática de Antecedentes de Tránsito”, de modo que nadie que esté inhabilitado en una jurisdicción pueda conseguir nueva licencia en otra.

También acuerda en la “adopción del sistema unificado de puntaje”, por el cual “la comisión de infracciones ‘graves’ o ‘muy graves’ generará la deducción de puntos”, y, “de agotarse íntegramente los puntos asignados, la licencia caducará” y el titular no podrá solicitar otra “por un año como mínimo”.

Se establece “la prohibición absoluta de expendio de bebidas alcohólicas en estaciones de servicio, paradores u otros establecimientos con acceso directo a las rutas”, así como “prohibir toda publicidad de bebidas alcohólicas en zonas linderas a rutas y autopistas”. Se unifican los límites de alcoholemia en: 500 miligramos por litro de sangre para vehículos en general; 200 miligramos para motocicletas o ciclomotores; y, para conductores de vehículos de pasajeros y de carga, cero alcohol. Se ordena “la efectiva aplicación de la sanción de arresto a quienes conduzcan en estado de intoxicación alcohólica”, ya contenida en la Ley Nacional de Tránsito, 24.448.

En cuanto al control de velocidades, se conviene en que “los dispositivos radarizados con respaldo fotográfico resultan medios idóneos”. Pero “en ningún caso la implementación de los sistemas tendrá como finalidad principal la recaudación proveniente de las sanciones pecuniarias”, y, cuando se subcontrate con empresas privadas, “la contraprestación no podrá consistir en porcentajes del producido de las multas ni en ningún otro parámetro vinculado al rendimiento económico”.

Además, “la Nación establecerá un sistema de control de velocidades por el cálculo automático del tiempo para cubrir la distancia entre estaciones de peaje, mediante la lectura de los tickets o de los dispositivos de pago electrónico”. El acuerdo prohíbe “toda clase de publicidad que fomente, incite a o pondere la conducción a velocidad excesiva, estableciendo las penalidades para el caso de inobservancia de esta prohibición”.

Las jurisdicciones acuerdan en “crear la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, para “coordinar los esfuerzos nacionales y provinciales”.

El texto completo del Convenio se dio a conocer el 14 de septiembre. Adhirieron todas las provincias menos Neuquén, San Luis y Salta.