La Unión de Trabajadores Costureros La Alameda, que convocó al acto, pide que se acepte "el pedido presentado por sobrevivientes del taller para que parte de la causa pase a un Juzgado Federal, a fin de que se investigue la violación a las leyes de migraciones, y situaciones de trata y tráfico que existían en dicho taller".

"Hay 85 marcas denunciadas por trabajo esclavo y apenas una sola tiene pedido de indagatoria de la fiscalía", dijo Gustavo Vera, integrante de La Alameda.

En la capital "existen aún más de 25.000 costureros trabajando en las mismas condiciones que el taller incendiado y otros 150.000 en la provincia de Buenos Aires", sostiene la organización.

La Alameda también reclama que concluyan las obras del Polo Textil de Barracas, "que compró el año pasado el gobierno de la Ciudad y que cedió al INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) para que allí trabajen 200 costureros en seis cooperativas".

Vera dijo que "los talleristas Sillerico y Correa fueron procesados por el juez Baños, pero el procesamiento aún no ha sido confirmado por la Cámara".

En tanto los fabricantes "Gueiler y Fisher, máximos responsables de las condiciones de esclavitud del taller, están en libertad y ni siquiera se los llamó a declaración indagatoria", afirmó.

En el taller de Luis Viale 1269 trabajaban y vivían más de 60 personas -adultos y niños- en condiciones deplorables, y mientras en la planta baja los costureros operaban desde la madrugada hasta la medianoche, los niños permanecían encerrados en la planta alta para no obstaculizar la producción.

En la planta alta, cada familia vivía en un reducido espacio separado por telas y cartones, que alimentaron el incendio producido por un cortocircuito de cables y alargues cruzados.