La Audiencia Nacional de España basa su rechazo a la extradición de la viuda de Perón en dos cuestiones: la "jurisdicción" y que no está probada la responsabilidad de Isabel Perón en los "delitos de lesa humanidad".

En una primera sentencia, la Audiencia Nacional de España rechazó la extradición solicitada por el juez de Mendoza, Héctor Raúl Acosta, por considerar que los delitos por los cuales se le reclama a Isabel Perón no son constitutivos de "lesa humanidad".

El juez Acosta investiga la desaparición de Aldo Fagetti Gallego y Jorge Valentín Verón, en febrero de 1976, presuntamente en manos de la Triple A.

Un segundo fallo de la Sala De lo Penal de la Audiencia Nacional también deniega la extradición de la viuda de Perón pedida por el juez Norberto Oyarbide, por considerar que la justicia argentina no tiene "jurisdicción" para juzgar a la ex presidenta, una condición indispensable de toda extradición.

El juez Oyarbide tiene a su cargo la investigación de los delitos cometidos por la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) durante el gobierno de Isabel Perón (1973-1976).

La Audiencia Nacional se basa en la propia ley argentina que dice que "los jueces carecen de legitimación para juzgar a las autoridades constitucionales destituidas por actos de rebelión por ausencia del presupuesto representado por su desafuero parlamentario o juicio político previstos constitucionalmente".

Sin embargo, la Audiencia Nacional no considera la adquisición de la nacionalidad española -argumento utilizado por la defensa de la ex mandataria- como motivo para la denegación de la extradición.

Dado que ambas decisiones no son firmes, existe la posibilidad de que contra ellas se formule un Recurso de Súplica ante el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el plazo de tres días siguientes a la fecha de la última notificación.

La viuda de Perón, de 76 años, fue detenida el 12 de enero de 2007 en su casa de las afueras de Madrid, en cumplimiento de una orden de captura internacional y extradición dictada por el juez mendocino. Desde entonces, y tras rechazar un segundo pedido de extradición dictado por el juez Oyarbide, "Isabelita" se encuentra en libertad provisional con la obligación de comparecer cada quince días.

El juez Acosta reclama a la ex presidenta por la desaparición en febrero de 1976 de Fagetti Gallego, de 26 años, y por la privación ilegal de libertad de Verón, un menor de 17 años, antes de que se produjera el golpe militar que derrocó a su gobierno. El magistrado estima que estos hechos fueron una consecuencia de la firma de tres decretos en 1975, que autorizaron a las Fuerzas Armadas a "aniquilar el accionar de la subversión".

Por su parte, el juez Oyarbide investiga la responsabilidad de la ex mandataria en los delitos de "lesa humanidad" cometidos durante su gobierno por la Alianza Anticomunista Argentina.

En su pedido, Oyarbide afirma que "la asociación ilícita denominada Triple A" se "habría gestado y funcionado" en "la órbita de uno de los ministerios del Poder Ejecutivo Nacional, en el de Bienestar Social", que tenía a su cargo el fallecido José López Rega.

Por pedido de Oyarbide, en el marco de la misma causa, la justicia española aprobó la extradición del presunto cabecilla de la Triple A, Rodolfo Almirón, quien fue entregado a Argentina el pasado 19 de marzo, tras permanecer poco más de un año en prisión en España, donde vivía desde 1975.

En tanto, la última extradición autorizada por España a la Argentina fue la del represor Ricardo Cavallo, entregado por México a la justicia española en 2003, pero "sobreseído" tras más de cinco años en prisión preventiva para ser juzgado por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.