Según informó el Instituto Espacio para la Memoria (IEM), la sentencia, dictada el 14 de julio, fija el monto de la indemnización para hacer efectiva la expropiación del inmueble ubicado en General Venancio Flores 3519/21, entre Emilio Lamarca y San Nicolás.

En los considerandos de la resolución se subraya que mediante la Ley 2112 se declaró de utilidad pública y sujeto a la expropiación el inmueble, y que de esa manera debe ser preservado en las actuales condiciones edilicias para salvaguardar los elementos testimoniales que hacen a su valoración histórica y cultural como parte sustancial de la memoria histórica colectiva de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del fallo, Gallardo sostiene que "a la luz de lo acreditado, radica en la decisión administrativa poner fin, inmediatamente al ocultamiento de la verdad, motivo por el cual el valor del bien a fijarse, no debería ser un obstáculo para la recuperación de un sitio que debe ser preservado para la posteridad, atento que su existencia excede a la comunidad local y nacional, extendiéndose a los pueblos hermanos de Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil y Bolivia".

Automotores Orletti dependía del Ejército Argentino en conexión con el uruguayo, es por eso que por este centro pasaban los prisioneros en el marco del denominado Plan Cóndor, coordinación represiva ilegal entre las dictaduras del Cono Sur.

Por Automotores Orletti pasó María Claudia García, la nuera del poeta argentino Juan Gelman, quien fue secuestrada con Marcelo Gelman en octubre de 1976, tenía 19 años y se hallaba embarazada de 7 meses.

En la década del '90, "Automotores Orletti" volvió a funcionar como taller mecánico y luego de una larga tarea de denuncia llevada adelante por organismos de derechos humanos y sobrevivientes, en 2006 la Legislatura porteña declaró la utilidad pública y sujeto a expropiación para garantizar su preservación a fin de incorporarlo a la memoria histórica de la ciudad de Buenos Aires.

En el marco de la "megacausa" por violaciones a los derechos humanos cometidas en el ámbito del I Cuerpo de Ejército, reabierta tras la declaración de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto final, se ordenó la detención de represores de este centro clandestino.

En esa causa están procesados militares argentinos y uruguayos, ex-agentes de la SIDE, como Raúl Guglialmineti y miembros de la Triple A, que operaban en forma conjunta en la represión ilegal.