[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Para los jueces, los acusados excarcelados podrían "coartar a los testigos, o inducirlos a falsear su declaración" y por ello, después de "tantos obstáculos para avanzar en las investigaciones y la actual etapa de elevación al juicio" de la ESMA, no puede dejar de "soslayarse" la "presión que su libertad puede ejercer hacia quienes, habiendo sobrevivido, hayan declarado o deban declarar en su contra".

Además de Carlos Guillermo Suárez Mason (h), tampoco podrán ser excarcelados los ex comandantes de Operaciones Navales Antonio Vañek y Julio Antonio Tortiel, al oficial del Ejército Julio Coronel y al médico Jorge Magnacco.

La lista también incluye a Carlos Fraguío, Eugenio Vilardo, Hugo Damario, Roberto Pérez Froio, Rogelio Martínez Pizarro, Oscar Lanzón y Carlos Generoso.

Todos ellos están procesados por haber integrado el denominado Grupo de Tareas 3.3, dependiente de la Armada y conformado por personal de esa Fuerza, de Policía Federal, Prefectura Naval Argentina, Servicio Penitenciario Federal, desde donde se cometieron graves delitos como privaciones ilegales de la libertad y tormentos -algunos de ellos seguidos de muerte- que padecieron muchos de las víctimas que pasaron por la ESMA entre 1976 y 1983.

Suárez Mason (h), Vañek, Tortiel y el resto de los imputados habían sido procesados en noviembre del 2006, y por ello los defensores pidieron las respectivas excarcelaciones porque se entendía vencido el plazo de dos años de arresto sin que hayan sido llevados a juicio.

Ahora, los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun, desde la Sala II, rechazaron el planteo porque las prisiones preventivas puede prorrogarse hasta tres años frente a la complejidad de la causa y de la gravedad de los hechos.

Además en la causa ESMA hay imputados como Alfredo Astiz o Jorge "El Tigre" Acosta que están presos desde el 2003 sin haber sido juzgados, una situación que generó hace unas semanas que la Sala IV de la Cámara de Casación Penal dispusiera sus excarcelaciones, en el marco de una polémica que sacudió al Gobierno, la Justicia y el Parlamento.

A la hora de justificar el rechazo a las excarcelaciones de esos últimos detenidos en la causa ESMA, la Cámara Federal sostuvo que, más allá de las responsabilidades individuales que se le adjudica a cada imputado, "ellos pertenecían a una organización del Estado" y, desde allí no sólo actuaron "amparados" por ese sistema, sino que -más tarde- "fueron beneficiados por esa pertenencia (con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final), logrando un estadio de impunidad que no hubiesen alcanzado actuando individualmente".

En el fallo, se subrayó que los imputados actuaron bajo un "grupo con poder paralelo que desarrolló tareas de modo clandestino", que incluían la "utilización de alias y la destrucción de rastros".

Ante ello, es dable concluir -dice la Cámara- que puedan existir "riesgo de entorpecimiento de la investigación" y no se puede exigir que se explique "cuáles serían esos actos particulares de obstrucción que puede llevar a cabo cada uno de los imputados".

No obstante, los camaristas recodaron "la constante negativa a los requerimientos judiciales sobre el paradero de las víctimas, las muertes en operativos fraguados, los 'traslados' masivos, la calidad de 'desaparecidos' de innumerables personas o el hallazgo de los cuerpos" NN enterrados en fosas comunes.