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La Fiscalía inició el año pasado una indagación preliminar contra Santos, pero la archivó mediante un auto inhibitorio. No obstante, la semana pasada dicha medida fue revocada ante una demanda interpuesta por un grupo de abogados, informa la agencia DPA.

"Le dije (a Uribe) que si consideraba que yo me convertía en un problema para él y su gobierno, yo renunciaba (...) No sólo no aceptó sino que habló de dar la batalla contra quienes están interesados en hacerle daño al gobierno y a mí. Y la voy a dar", dijo Santos al diario "El Tiempo".

La acusación contra Santos fue hecha por Salvatore Mancuso, quien fuera el máximo líder de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el año pasado fue extraditado a Estados Unidos bajo cargos relacionados con narcotráfico.

Mancuso aseguró en una indagatoria que en una reunión celebrada a mediados de la década pasada Santos le sugirió al entonces jefe de las AUC, Carlos Castaño, que creara un bloque paramilitar en Bogotá para frenar el avance de la guerrilla en zonas marginales de la capital.

Castaño inició un proceso de negociaciones con el gobierno en 2003, que concluyó en 2006 con la desmovilización de casi 32.000 paramilitares. Sin embargo, fue asesinado en 2004, aparentemente por disputas internas, y en su lugar quedó Mancuso.

Santos admitió que se entrevistó con Castaño y Mancuso, pero aseguró que lo hizo dentro de sus actividades como jefe de redacción de "El Tiempo", un periódico al que históricamente ha estado vinculada su familia.

El vicepresidente afirmó que la acusación obedece a un "complot" de los paramilitares contra el gobierno y de algunos políticos que en los últimos meses han ido a la cárcel por nexos con esas bandas de ultraderecha.

"Se trata de un complot de los paramilitares para enlodar al gobierno. Acordaron que había que mencionar la mayor cantidad de gente para evitar la extradición y para lograr mayores beneficios. La estrategia de estos señores es clara. Lo que sorprende es que la Fiscalía les dé credibilidad a los bandidos", dijo.

"El fiscal oyó a todas las personas y confirmó que no había ninguna prueba (en primera instancia). No la hay ni puede haberla, pero la Fiscalía acaba de reabrir la investigación. ¿Sabe para qué? Para dejar un expediente abierto contra el vicepresidente de la República y hacer un daño institucional", aseguró.

Santos pidió que el procedimiento sea público y que se levante la reserva del sumario para que no queden dudas de su proceder. "Ojalá el proceso se transmitiera por radio o televisión. No tengo temor de nada", expresó.

Asimismo, dijo que la Fiscalía debería investigarlo porque como periodista se entrevistó con jefes guerrilleros, tras destacar su preocupación por las consecuencias sociales del conflicto armado interno, que lo llevó a impulsar marchas contra el secuestro y a crear una organización no gubernamental encargada de ayudar a víctimas de ese delito.

Santos fue secuestrado a comienzos de los años 90 por el cartel de Medellín y cuando fue liberado creó la Fundación País Libre.