La inconstitucionalidad fue decretada en primera y en segunda instancia y tuvo ingreso en la Corte hace un año y medio, el 4 de julio de 2008, siendo girada a la Procuración General de la Nación, que emitió su dictamen el 26 de junio de 2009, fecha desde la cual la causa está en condiciones de ser fallada, explicó la Secretaría de Derechos Humanos en un comunicado.

Para Duhalde, "resulta inexplicable la demora judicial en el caso Martínez de Hoz, teniendo en cuenta que la Corte ya se ha pronunciado en otros casos similares en materia de indultos. Hay delitos de lesa humanidad, imputados al superministro del terrorismo de Estado, cuya investigación no puede prosperar por la tardanza en resolver de la Corte".

Martínez de Hoz debe responder por la detención y puesta a disposición del Poder Ejecutivo del empresario Federico Gutheim y su hijo Miguel Ernesto, a quienes se secuestró para obligarlos a firmar un convenio con empresarios de Hong Kong en el cual el ministro de Economía estaba personalmente interesado.

Además debe responder por su participación en el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y por la desaparición de Juan Carlos Casariego de Bel, funcionario del Ministerio de Economía que se opuso a la estatización de la Italo.