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En su informe "Esperando el cambio: tendencias de la asistencia en seguridad de Estados Unidos para América Latina y el Caribe", la Oficina en Washington para América Latina (WOLA), el Centro para Política Internacional (CIP) y el Latin America Working Group Education Fund coincidieron en que las "poco realistas" expectativas latinoamericanas de "reiniciar" las relaciones con Obama "se han atenuado bastante", en buena parte por este proceso de militarización.

En el documento, señalaron estar "decepcionados de que el gobierno de Obama no ha tomado acciones fuertes e identificables para mejorar las relaciones con América Latina".

Entre varios acontecimientos que marcaron la historia reciente de los países latinoamericanos y Estados Unidos, el golpe de Estado en Honduras ganó un espacio privilegiado en el informe, sobre el que sus autores precisaron que la "respuesta contradictoria" de Washington al acontecimiento fue un elemento que ha contribuido a "atenuar" el entusiasmo latinoamericano con el nuevo gobierno estadounidense, ya que "envió al resto del hemisferio la señal de que la nueva administración de Estados Unidos es ambivalente respecto a las violaciones al orden democrático y a los derechos humanos".

En tanto, para las tres organizaciones despertaron especial "preocupación" los acuerdos que Obama firmó con Colombia para el uso de hasta siete bases militares. "Colombia es el caso perfecto para evaluar si la administración de Obama, a diferencia de sus predecesores, defenderá los derechos humanos cuando sus aliados más cercanos cometen serios abusos", precisaron en el informe.

Otro punto de tensión es la "confusión y preocupación en la región sobre por qué era necesario volver a establecer la IV Flota", en activo de nuevo desde 2008, así como con la Iniciativa Mérida con México, en la que, subrayaron los elaboradores del documento, "el Departamento de Estado no mostró mucho interés en la elaboración de un informe mínimamente objetivo sobre el cumplimiento por parte de México de los requisitos de derechos humanos aplicables al paquete de asistencia militar" del plan.

"La principal cara que la mayor parte de la región está viendo de la administración Obama es una militar", alertó Adam Isacson, miembro de WOLA y uno de los autores del informe, dichos con los que coincidió la directora ejecutiva del Latin America Working Group Education Fund, Lisa Haugaard, que apuntó que "la política de derechos humanos de la administración Obama está desaparecida en acción. El gobierno de Obama debe mostrarse fuerte en materia de derechos humanos, especialmente con gobiernos aliados que están recibiendo grandes cantidades de ayuda en seguridad", reclamó.

Con todo, las organizaciones sostienen que "todavía no es demasiado tarde" para que Estados Unidos "impulse un nuevo rumbo" en las relaciones con América Latina, tarea para la que, al final del informe, efectúan una serie de consejos. Por un lado, debería "demostrar que Estados Unidos se preocupa por la protección de los derechos humanos en los países percibidos como socios cercanos, como Colombia y México", además de "asegurar" que "el principal actor y la principal voz en la política de Estados Unidos hacia la región es el Departamento de Estado y las embajadas y no el Comando Sur".

Las organizaciones reclaman además un mayor apoyo a los esfuerzos de América Latina para "adoptar un enfoque más amplio sobre seguridad ciudadana" y "centrar los esfuerzos antinarcóticos" dentro del propio Estados Unidos, además de "balancear" la ayuda "disminuyendo los gastos militares a favor de mayor asistencia a la salud, educación o ayuda en desastres naturales", entre otros.

En este sentido, reclaman también que Washington asigne un "generoso paquete asistencial de largo plazo" para la reconstrucción de Haití y que, en materia doméstica, "ponga la reforma migratoria de nuevo en la agenda".

Los especialistas piden asimsimo que Estados Unidos "mantenga suspendida la asistencia militar y condicione toda otra asistencia a Honduras hasta que verdaderos pasos sean tomados para lograr justicia por los abusos en derechos humanos" y, finalmente, que permita el "libre intercambio de personas e ideas con Cuba", considerando que "nada podría restablecer mejor las relaciones con toda la región como el fin total a las arcaicas restricciones sobre los viajes" a la isla.