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La norma aprobada pro la Asamblea la semana pasada, y promulgada hoy por Evo Morales, establece que los gobernadores reelegidos el pasado 4 de abril pueden ser suspendidos de sus cargos si tienen acusaciones penales planteadas por jueces.

Los gobernadores directamente perjudicados con la flamante ley, a la que el gobierno calificó de "transitoria" a la espera de la implementación de las nuevas autonomías regionales, son los de Santa Cruz, Rubén Costas; Beni, Ernesto Suárez; y Tarija, Mario Cossío, contra quienes el gobierno de Morales presentó denuncias judiciales por supuestos actos de corrupción. Ellos tres, al igual que los seis que responden al partido oficial, tenían previsto jurar sus cargos el próximo domingo.

La ley dice que un gobernador será suspendido cuando exista una "acusación formal en materia penal, luego de concluida la investigación penal", y que "la suspensión durará durante toda la substanciación del proceso, para asumir su defensa".

Los afectados amenazan con desconocer la nueva norma por inconstitucional, denunciarla ante instancias internacionales y organizar paros cívicos y manifestaciones.

Al promulgar la ley, Morales destacó el "momento histórico" para Bolivia, que a partir de ahora será un "Estado plurinacional con autonomías", en referencia al carácter de "transitoria" que lleva la flamante ley, a la espera de la implementación de las nuevas autonomías regionales.

Representantes de las ciudades opositoras al gobierno boliviano intentaron frenar la aprobación de la norma a través del pedido de "reconsideración" enviado a la Cámara de Diputados, en donde no obtuvo los dos tercios de los votos necesarios para su tratamiento.