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La nueva medida, aún sometida a debate político, alcanzará a los préstamos realizados por uruguayos residentes o no residentes, depósitos, colocaciones en entidades no residentes en el exterior y otros renglones que no fueron detallados. La iniciativa se suma a la decisión, anunciada el viernes, de publicar en la web del Banco Central del Uruguay (BCU) una lista de 540.000 deudores bancarios, decisión que generó respaldos y críticas, y que tiene como finalidad "promover una mayor transparencia y comunicación orientada a usuarios externos al sistema financiero", explicó Mario Bergara, presidente del BCU.

El acceso a la información se hará exclusivamente, tanto para personas físicas como jurídicas, en base a números de documentos nacionales o extranjeros, donde se deberá incluir, además del número, el código de país y tipo de documento del país de origen. Bergara aclaró que "no se trata de una lista de morosos" y que "la información es proporcionada directamente por los bancos". "La gente presta dinero a quien conoce" de manera que así "se busca hacer más eficiente el crédito", agregó el funcionario.

Para Bergara "esto es un proceso cultural" al que "habrá que acostumbrarse" porque se convertirá en una herramienta "muy útil" siempre que se haga un "uso equilibrado" de la información.

El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, por su parte, sostuvo que "el secreto bancario seguirá funcionando, como hasta ahora", de acuerdo que con la normativa vigente respecto de la autorización judicial y con similares mecanismos y plazos previstos.

"Estamos ajustándonos a prácticas recientes que permiten despejar toda duda respecto a la calidad de nuestra administración tributaria y la cooperación internacional", afirmó Lorenzo. En la actualidad, sólo los jueces pueden pedir en los tribunales el levantamiento del secreto bancario. "Se introducen cambios de procedimientos. (...) Estamos extendiendo los argumentos y los fundamentos que pueden dar lugar al levantamiento del secreto bancario por parte de la autoridad tributaria cuando exista una denuncia fundada", explicó el ministro.

Asimismo, Lorenzo señaló que la norma también buscará gravar rentas activas que los uruguayos que residan en el país tengan en el exterior. "Los activos que están involucrados son préstamos realizados por residentes a no residentes, depósitos y colocaciones en el exterior en entidades no residentes o participaciones en el patrimonio de entidades no residentes", apuntó el funcionario. Según los datos oficiales, ese tipo de inversiones pueden ascender en la actualidad a 9000 millones de dólares, que ahora tendrán que ser incluidos en la declaración de la renta de sus propietarios.

La persistencia del secreto bancario ha sido una de las políticas más cuestionadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que colocó a Uruguay marzo de 2009 en la lista negra de países que incumplen con los estándares de intercambio de información en materia fiscal.