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El centro clandestino de detención conocido como "Automotores Orletti" era un "enclave del terror que no lo conducía una horda desbocada, sino algo calculado y planificado que convertía a todos (los prisioneros) en condenados a muerte, donde reinaba la cultura de la crueldad, la corrupción degradante de poder sin límites", sostuvo el fiscal durante su requerimiento de elevación a juicio de la causa en la que la Justicia determinará si seis dictadores son o no culpables por delitos de lesa humanidad.

El pedido de Delgado coincidió con el del juez federal Daniel Rafecas quien instruyó la causa en primera instancia y procesó a los imputados con prisión preventiva por privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado, en perjuicio de 65 víctimas, cargos que prevén condenas máximas de prisión perpetua.

La lectura de la solicitud del fiscal inauguró el juicio oral y público contra los represores que actuaron en ese centro que funcionaba bajo la apariencia de un taller mecánico en la calle Venancio Flores, en el metropolitano barrio de Floresta.

El proceso es el primero que el ex agente de inteligencia del Ejército Raúl Guglielminetti, conocido como "mayor Gustavino", por delitos cometidos durante la última dictadura militar, tras ser detenido en 2006 por orden de Rafecas.

Los otros acusados son el ex vicecomodoro de la Fuerza Aerea, Néstor Guillamondegui; el ex coronel del Ejercito Rubén Visuara, el ex general Eduardo Cabanillas y los ex agentes de la SIDE Honorio Martínez Ruiz y Eduardo Ruffo.

La respectivas defensas de Visaura, Martínez Ruiz, Ruffo y Guglielminetti solicitaron al Tribunal Oral en lo Federal UNO (TOF1) permiso para ausentarse en aquellas audiencias en las que no sea imprescindible su presencia.

En tanto, el Tribunal Oral Federal de Penal de Resistencia pasó a cuarto intermedio para continuar en el transcurso del día con la lectura de elevación a juicio de la causa de la Masacre de Margarita Belén, cuando el 13 de diciembre de 1976, más de 20 jóvenes militantes políticos fueron fusilados y su muerte fue justificada como "intento de fuga".

En la causa están acusados los represores Horacio Losito, Jorge Carnero Sabol, Athos Gustavo Rennes, Ricardo Reyes, Aldo Martínez Segón, Germán Riquelme, Ernesto Simoni y Luis Alberto Patteta.

p>Momentos antes del comienzo de la audiencia, el ministro de Justicia, Julio Alak, consideró que el inicio de los juicios por la Masacre de Margarita Belén y "Automotores Orletti" representa "otro paso gigantesco en la búsqueda de la Verdad y Justicia que este Gobierno inició con el impulso a la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida".

Además, señaló que "la reapertura de los juicios a los genocidas de la última dictadura volvió a convertir a la Argentina en un modelo mundial en materia de Derechos Humanos".

En los tribunales de Comodoro Py 2002, los camaristas Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Jorge Gestas prevén escuchar más de un centenar de testimonios, mientras que la acusación será presentada por la Unidad para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado.

Como querellantes intervendrán la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y abogados de organismos de derechos humanos y familiares de víctimas, entre ellos los letrados Carolina Varsky, Alcira Ríos y Rodolfo Yanzón, entre otros.

De acuerdo a la investigación llevada a cabo por el juez federal Daniel Rafecas, "Orletti" estuvo bajo la órbita del fallecido ex jefe de la Triple A Aníbal Gordon y dependía funcionalmente de la Secretaria de Inteligencia del Estado, a cargo entonces de Otto Paladino, que también falleció.

La causa por "Automotores Orletti" es un desprendimiento de la megacausa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Primer Cuerpo del Ejercito, reabierta tras la derogación y declaración de "nulidad insalvable" de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.