Acompañado del ministro de Justicia, Julio Alak, Fernández comunicó que el Gobierno nacional se presentará como querellante en "la causa en cuestión", en relación a la interrupciónd el tránsito por parte de vecinos de la Asamblea de Gualeguaychú que permanecen en la ruta internacional 136 en repudio por la instalación de la pastera UPM ex Botnia sobre las aguas del Río Uruguay en la costa del país vecino.

El Estado Nacional denunciará penalmente "con nombre y apellido, porque están perfectamente identificados" a los que participan del corte por la comisión de entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte, homicidio culposo, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, apología del delito, comisión de delitos que comprometen la paz y la nación, atentado y resistencia a la autoridad pública, sedición y encubrimiento.

Además, también denunciaron a aquellas personas civilmente por ser "responsables del cierre de miles de comercios, pérdida de puestos de trabajo en el área de transporte, turismo, importación y exportación", entre otras cosas.

En ese sentido, el jefe de Gabinete explicó que "para el Gobierno es imperioso solicionar este tema", pero que "no hubo definiciones contundentes" al respecto. "La orden de la Justicia no refleja con contundencia la situación en la que nos encontramos" y se "hace imposible cumplirla", agregó.

Sin embargo, descartó la represión como camino posible para llevar adelante la orden judicial que ordenó el libre tránsito de la ruta 136: "En lugar de notificar a quienes no se van a dar por notificados; en lugar de poner fuerzas de seguridad a presionarlos, por que no tenemos la vocasión de reprimir, nos presentamos como querellantes y denunciamos", afirmó.

Fernández comunicó la decisión tomada por el Ejecutivo nacional en la reunión que compartió esta mañana con la Presidenta Cristina Fernández y Alak. Así, el ejecutivo desistió de cumplir con la disposición presente en la resolución de Justicia de Concepción del Uruguay, de garantizar el libre tránsito en el acceso al puente General San Martín, que une Gualeguaychú con la localidad uruguaya de Fray Bentos.

Esta mañana, Alak había asegurado que "El Gobierno la va a hacer cumplir, a través de las fuerzas de seguridad federales, en este caso de la Gendarmería, en el marco del estado de derecho".

"A esto hay que darle un corte definitivo. Y para el gobierno ese corte llegó con el fallo de la (Corte Internacional) de la Haya --remarcó Fernández--. Guste o no, hay que acatarlo. No podemos permitir que nadie se arrogue el derecho de desconocer un fallo de una corte internacional".

Luego de asegurar que el Gobierno argentino se encargará del "monitoreo de las aguas y las mediciones en todos los espacios para hacer cumplir la política ambiental", agregó que "la Justicia debe tomar cartas en el asunto".