Domingo, 27 de junio de 2010 | Hoy
19:25 › AJUSTE PARA ALGUNOS, GASTO PARA OTROS
La Presidenta celebró que en la cumbre que concluyó esta tarde en Toronto "no se legitimó" el ajuste fiscal como solución a la crisis y se incluyó la necesidad de defender la generación de "empleo digno" frente a las propuestas de flexibilización laboral. Sobre las posiciones que convivirán en la declaración, la mandataria afirmó que por un lado estará "la de los que creemos que no hay que insistir en el ajuste" y, por el otro, "la otra, que mantiene las viejas recetas en ese sentido".
La presidenta Cristina Fernández pidió a sus colegas del G-20, que integran las naciones industrializadas y las principales economías emergentes, que "no le suelten la mano a ningún país" que esté atravesando una crisis económica, porque advirtió que "eso sería una tragedia".
La jefa de Estado recordó que "a la Argentina le soltaron la mano en 2001" para exponerla "como escarmiento y conejillo de indias" ante el resto del mundo, y remarcó que en esa decisión "tuvo responsabilidad la entonces gestión del Fondo Monetario Internacional (FMI)", a cargo de Anne Kruger.
Durante las deliberaciones, que comenzaron anoche y se extendieron durante la jornada de hoy, la primera mandataria expuso en detalle las consecuencias que había tenido para la Argentina el ajuste realizado antes de la crisis de 2001, al considerar que hay una similitud entre esas condiciones y las que tiene hoy la eurozona, con alto déficit fiscal y endeudamiento.
"Muchos me miraban porque es casi una réplica exacta de lo que está pasando aquí", relató la primera mandataria en una conferencia de prensa que brindó con posterioridad, aunque aclaró que su intervención se basó "un planteo no dogmático sino empírico" basado en la realidad vivida en la Argentina entre 2001-2002.
La jefa de Estado les dijo a sus pares del G-20 que las medidas de incremento de impuestos, flexibilización laboral y recorte de salarios, entre otras, aplicadas por el entonces gobierno nacional "no fueron la solución porque eran problemas estructurales". En tal sentido, resaltó que la situación comenzó a modificarse con las políticas de estímulos implementadas desde 2003 con la asunción de su marido, Néstor Kirchner.
La Presidenta dijo que en esa oportunidad las medidas fueron "criticadas por los organismos internacionales de crédito", pero señaló que la Argentina posee en la actualidad, a nueve años de esa crisis, "superávit fiscal y comercial”. Al respecto, reiteró que es "inconsistente" la teoría acerca de que se recupera la senda del crecimiento con el achique del PBI.
Ante los periodistas argentinos enviados a cubrir la cumbre del G-20, la jefa de Estado informó que también países como China, India, Turquía, entre los emergentes, cuestionaron el ajuste y llamaron a defender la generación de empleo. Esta postura, aclaró Fernández de Kirchner, "no significa que tenga que haber un desastre de conducta fiscal".
Fernández de Kirchner celebró que, tras las deliberaciones, "no se legitimó el ajuste" como solución a la crisis que sacude a la eurozona y que "desde los centros de poder se haya una adoptado una política de respeto de cada uno adopta su modelo de acuerdo a sus circunstancias. Eso es positivo", sostuvo.
En ese marco, destacó que el "sherpa" argentino en el G-20, Alfredo Chiaradía, le confirmó que esta madrugada lograron incluir en el documento de cierre una cláusula sobre la importancia del crecimiento con empleo digno, una bandera que viene levantando la jefa de Estado.
La Presidenta, además, resaltó que todos los integrantes del G-20 coincidieron en la necesidad de avanzar en el control del movimiento de capitales internacionales (destacó el calificativo de "sistema bancario fantasma" utilizado por el chino Hu Jintao para los capitales especulativos), en el marco del cual la Argentina insistió con la eliminación de los paraísos fiscales y la regulación de las agencias calificadoras de riesgo. También aclaró que en las deliberaciones no se analizó la implementación de un impuesto a las operaciones bancarias (anunciadas por Gran Bretaña, Alemania y Francia para cobrarles a los bancos el costo del salvataje de 2008 y 2009) en forma generalizada para los integrantes del G-20.
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