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El presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, y el cardenal Francisco Errázuriz presentaron este mediodía a Piñera en el Palacio de La Moneda el documento de cinco páginas en el que la Iglesia católica pidió revisar caso a caso el posible indulto a quienes tienen condenas firmes. Según informes oficiales, durante la última dictadura (1973-90) en Chile unas 3000 personas fueron eliminadas y otras 50.000 torturadas.

"Es un tema que debemos poner sobre la `mesa de todos` para conversarlo con la seriedad que corresponde, especialmente en el Parlamento de la República", explicaron los religiosos al afirmar que "no todos ellos tuvieron igual responsabilidad en los crímenes que se cometieron". A juicio de la Iglesia chilena, para los militares condenados "no cabe ni un indulto generalizado ni un rechazo general del indulto".

Consideró que se debe distinguir "el grado de responsabilidad que le cupo a cada uno, el grado de libertad con que actuó, los gestos de humanidad que tuvo y el arrepentimiento que ha manifestado por sus delitos".

En el documento, a partir del cual el presidente Piñera se comprometió a tomar unos días de reflexión para pronunciarse, los prelados plantearon la reducción de penas para los condenados que en los últimos años hayan tenido buena conducta y no constituyan un peligro para la sociedad.

Al excluir casos como los de aquellos responsables de delitos de sangre, el documento plantea una reducción adicional a quienes tengan más de 70 años, a las mujeres que tengan hijos menores de 18 años y a quienes padezcan alguna enfermedad invalidante, grave o irrecuperable.

Al término del encuentro en La Moneda, el presidente de la Conferencia Episcopal leyó ante la prensa una declaración en la que recalcó que el planteamiento "no busca reabrir las graves heridas de ayer ni tampoco pretende que ellas se cierren por decreto".

"Simplemente presentamos a las autoridades de la nación la realidad de dolor que viven personas privadas de libertad, que han sido juzgadas y han cumplido gran parte de sus condenas y que también forman parte de esta `mesa para todos` que quiere ser nuestra patria; para ellas pedimos, en este Bicentenario, un gesto de clemencia".

La vocera gubernamental Ena von Baer llamó "a esperar con calma la reflexión y la decisión del presidente y a no adelantar juicios respecto a ella". El pronunciamiento de Piñera, según se anticipó ayer, podría conocerse este domingo. "El presidente de la República va a reflexionar respecto a este documento y va a tomar una decisión en base a los compromisos del gobierno con la verdad y la justicia, la unidad nacional y la seguridad ciudadana y las consideraciones humanitarias", dijo la ministra al plantear los ejes de análisis.

La iniciativa -que tendrá una instancia similar mañana con los representantes de las iglesias evangélicas- generó expectativa en la sociedad chilena y entre sectores políticos, de familiares de víctimas de la dictadura y defensores de los derechos humanos.

Desde la opositora Concertación, en particular en la figura del ex presidente democristiano Eduardo Frei, se rechazó la alternativa de un indulto para los ex militares condenados por sus delitos durante la dictadura pinochetista. En esa línea se habían pronunciado numerosos legisladores y dirigentes de los partidos concertacionistas y los titulares de cada una de las falanges.

De similar manera se pronunciaron los miembros de los organismos defensores de los derechos humanos, tal como lo hizo esta tarde la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, quien acusó a la Iglesia de estar "dando vuelta la espalda a las víctimas".

Al encabezar una manifestación en la Plaza de la Constitución, Pizarro dijo que la Iglesia "está pensando en los criminales que estuvieron más de 20 años impunes, está desconociendo a todos los sacerdotes que perdieron la vida en la dictadura" y a quienes "aún esperan saber de sus seres queridos". "Ellos han cometido un error muy grave, una falta muy grave, porque no hay acto más misericordioso ni más humano que asegurar a las futuras generaciones el respeto a la vida y a los derechos humanos", enfatizó la dirigente.