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La ley SB1070, rechazada tanto por el gobierno de Obama como por grupos de defensa de hispanos y numerosos países de América Latina, entrará en vigor el jueves sin las disposiciones que en la práctica hacían que por primera vez se declarara la inmigración ilegal como un delito estatal en Estados Unidos.

Se estima que en Arizona habitan unas 460 mil personas indocumentadas de los 11 millones de inmigrantes sin papeles que residen en Estados Unidos, la mayoría de ellos hispanos.

La jueza federal de Phoenix, Arizona, ordenó bloquear las partes controversiales hasta tanto haya una decisión sobre el fondo del asunto, al señalar que el gobierno estadounidense "probablemente tenga éxito" en demostrar que la ley abarca terreno ya cubierto por leyes federales.

Al introducir su demanda, una de las siete contra la norma que estudia Bolton, el gobierno de Obama afirmó que las políticas migratorias son potestad exclusiva del gobierno federal.

Bolton suspendió la disposición de la ley que requería a la policía corroborar el estatus migratorio de toda persona sospechosa de estar en el país sin documentos migratorios, en este estado fronterizo con México donde viven unos dos millones de hispanos.

Además, bloqueó las disposiciones de la norma promulgada el 23 de abril por la gobernadora de Arizona Jan Brewer que convertían en crimen el no portar documentos migratorios y que inmigrantes ilegales solicitaran trabajo o lo realizaran.

El gobierno de Obama se apresuró en calificar la decisión de "acertada", señaló una portavoz del Departamento de Justicia, Hannah August. En tanto, el Departamento de Seguridad Interior afirmó que el gobierno "velará por el cumplimiento de las leyes federales de inmigración en Arizona y en todo el país de manera sensata y eficaz", dijo el vocero Matt Chandler.

La ley, que había desatado numerosas protestas en su contra a pesar de que según sondeos recientes la mayoría de los estadounidenses estaban de acuerdo con la polémica legislación, fue recibida con agrado por activistas.

"El sistema judicial fue obligado a intervenir e imponer supervisión adulta en respuesta al comportamiento irresponsable y divisivo" de las autoridades de Arizona, indicó en un comunicado el director de la organización America"s Voice, Frank Sherry.

Las protestas continuarán porque "hay otros 21 estados queriendo seguir los pasos de Arizona con estas leyes racistas", advirtió a la AFP Paulina González, representante de la organización "We Are All Arizona" (Todos Somos Arizona).

Las expresiones de satisfacción se comenzaron a escuchar en América Latina, doce de cuyos países, liderados por México, se adhirieron a las impugnaciones judiciales contra la legislación.

El gobierno de Honduras se dijo "contentísimo", según señaló el vicecanciller Alden Rivera, y el congreso mexicano celebró que hayan sido suspendidas las disposiciones que "promovían la intolerancia".

El legislador demócrata Luis Gutiérrez, autor de un proyecto de ley de reforma migratoria, afirmó que ahora "el gobierno federal debe reformar las leyes para que haya reglas claras que inmigrantes, empleadores, gobiernos locales y estatales puedan seguir".

A pesar de que Obama ha defendido una reforma migratoria que abra un camino para legalizar a los once millones de indocumentados, la Casa Blanca admite que no cuenta con los votos para aprobarla en el Congreso, donde iniciativas similares fracasaron en 2006 y 2007.

Congresistas republicanos por Arizona, entre ellos el influyente John McCain, criticaron la decisión contra la norma y exigieron al gobierno reforzar la seguridad fronteriza.