Los democristianos de Merkel y sus aliados liberales esperan recaudar unos 30.000 millones de euros de las ganancias adicionales que deparará la medida a las operadoras energéticas, que emplearán en la consolidación de los presupuestos públicos, así como en el fomento de las energías renovables.

El gobierno de Merkel considera que prolongar la vida útil de las centrales atómicas contribuye a mantener estable el precio de la electricidad y facilita el traspaso a las energías renovables.

La decisión de resucitar la energía nuclear encuentra resistencia de los partidos de la oposición y de organizaciones ambientalistas que afirmaron que el gobierno se estaba vendiendo a las grandes operadoras energéticas del país.

El Partido Socialdemócrata (SPD) amenazó con ir hasta el Tribunal Constitucional si la nueva ley energética no se somete a votación en la Cámara Alta, el Bundesrat, donde la alianza de Merkel perdió la mayoría.

Socialdemócratas y verdes, los artífices de la ley del apagón en el año 2000, así como las agrupaciones ecologistas, anunciaron un "otoño caliente" de protestas que comenzó el 18 de septiembre con una multitudinaria marcha antiatómica en Berlín.