La decisión de la Cámara, integrada por Daniel Alonso, Cintia Gómez y Gustavo Ibañez, no implica el cierre de la causa, que sigue abierta con la posibilidad de que la fiscal pueda reunir más pruebas e insistir en que se llame a declaración indagatoria a los asambleístas. El expediente volverá ahora al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, explicaron fuentes judiciales.

La apelación de Neyra tiene como antecedente la decisión del juez subrogante Gustavo Pimentel, que sostenía su negativa a llamar a declaración indagatoria a diez manifestantes querellados por el gobierno nacional.

El argumento de Neyra se basa en que los asambleístas conocían el grado del ilícito que cometían al cortar la ruta en Arroyo Verde y que, por lo tanto, son pasibles de sanción. Del otro lado, el argumento de Pimentel al decidir no citar a los querellados fue que obraron en un error de prohibición invencible, lo que los exime de culpabilidad.

Sira Muñoz, Paola Robles, Cristina Limba, Víctor Limba, Alejandra Crimella, Jorge Fritzler, Juan Ferrarri, Osvaldo Fernández, José Gómez y Juan Veronesi son las personas a las que el Gobierno querelló por el corte que durante cuatro años mantuvo interrumpido el tránsito del puente internacional que une la localidad de Gualeguaychú con la uruguaya Fray Bentos.

Los asambleístas desarrollaron esa medida en protesta por la instalación en Fray Bentos de la pastera UPM (ex Botnia) frente a sus costas, sobre la margen oriental del Río Uruguay, por considerarla contaminante.