[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El ascenso de más de 300 militares era el segundo tema a tratar en la sesión del Senado, que se preveía sería la última, y si bien se acordó en la aprobación de algunos jefes militares, el jefe del bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto, pidió en el recinto que la discusión se pase para el próximo miércoles, y dejar correr el plazo legal de siete días para no necesitar una habilitación sobre tablas.

La solicitud se realizó debido a que el radicalismo y el peronismo federal se niegan a facilitar los dos tercios necesarios para tratar el ascenso del general de brigada César Milani, acusado por el CELS de haber participado del alzamiento militar de Semana Santa de 1987.

En el inicio del debate estuvo signado por los hechos de violencia durante la toma del Parque Indoamericano, por lo cual expresaron un "profundo pesar por las muertes acontecidas" y rechazaron "los hechos de violencia en la zona Sur" de la ciudad. En una declaración acordada por la mayoría de los bloques, los senadores declararon "la necesidad de esclarecimiento de las responsabilidades" y defendieron "el diálogo y la coordinación" entre los estados nacional y porteño para "la concreción de políticas en materia de tierra y vivienda y combate contra la pobreza".

El escrito sintetiza las opiniones presentadas como proyecto de declaración de unos diez legisladores desde que estalló el conflicto el martes de la última semana con la toma del Parque Interamericano por parte de personas quereclamaban tierras y viviendas.

Además, el Senado derivó a la Comisión de Asuntos Constitucionales tres cuestiones de privilegios de los legisladores de Formosa a raíz del conflicto social que terminó con la muerte de dos personas en Colonia La Primera, el 23 de noviembre, tras un corte de ruta decidido por miembros de la comunidad Qom.

Los pedidos fueron derivados a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que podrá abordar el tema en marzo del año próximo.

El Senado aprobó la recategorización de varios diplomáticos, incluyendo al economista Aldo Ferrer, quien fue designado como embajador en Francia. En este caso, el peronismo federal había adelantado que no brindaría los dos tercios necesarios para debatir el pliego porque Ferrer fue funcionario del gobierno militar de Roberto Levingston, en 1970.

En cuanto a los jueces, se alcazaron las aprobaciones, a pesar de que el Peronismo Federal había anunciado que rechazaría los pliegos de los jueces laborales